El Senado se prepara para una jornada cargada de tensión e incertidumbre. A partir de las 14, un grupo de senadores opositores —conformado por el kirchnerismo y sectores dialoguistas— intentará sesionar sin una convocatoria oficial, en lo que podría convertirse en un hecho inédito de autoconvocatoria con fuerte impacto político. El objetivo es forzar el tratamiento de proyectos clave, aún sin dictamen válido, y poner al Gobierno en una posición incómoda que podría derivar en vetos o judicialización.
Entre los temas que buscan debatirse figuran la actualización de haberes jubilatorios, la reactivación de la moratoria previsional, la declaración de la emergencia en discapacidad, y dos propuestas para garantizar fondos a provincias. También se asoma el explosivo caso YPF, que incluso podría motivar una futura sesión secreta debido a su sensibilidad institucional.
El oficialismo, por su parte, no logró contener ni frenar el impulso opositor, y desde la Casa Rosada evitaron hasta último momento intervenir en la disputa parlamentaria. La falta de acuerdos en comisiones, los dictámenes firmados de manera separada y sin validez reglamentaria, y la ausencia de convocatoria formal a sesión reflejan un escenario desordenado. Sin embargo, los impulsores aseguran contar con entre 40 y 50 senadores dispuestos a bajar al recinto. Para lograr el quórum, se necesitan 37.
En caso de alcanzar ese número, el siguiente paso será aprobar una moción de Labor Parlamentaria para definir el temario. Pero las diferencias internas podrían complicar el consenso. La vicepresidenta Victoria Villarruel, en su rol de titular del Senado, tendrá un rol clave si la sesión se concreta, especialmente en cuanto a la interpretación reglamentaria.
El debate se centra en tres proyectos con dictámenes irregulares: el de movilidad jubilatoria —que propone una suba real de haberes del 7,2% y un bono de $110.000 indexado por inflación—; la moratoria previsional por dos años; y la emergencia en discapacidad, con vigencia hasta 2027, que incluye actualizaciones de pensiones y compensaciones económicas.
Los otros dos proyectos vinculados a fondos provinciales requieren dos tercios para su tratamiento sobre tablas, ya que no cuentan con dictamen previo. Uno propone incluir en la ley de Presupuesto la distribución automática del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. El otro plantea la eliminación de seis fideicomisos nacionales y su reemplazo por un esquema de coparticipación.
Antes de la sesión, el oficialismo y sectores dialoguistas mantendrán un encuentro informal en busca de una salida que evite la confrontación abierta. Con el control del Senado en juego y la atención del mercado sobre el resultado, el desenlace sigue siendo incierto.
