El senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, fue imputado formalmente en el Centro de Justicia Penal tras un largo proceso que lo involucró en una causa por juego clandestino. Este caso se remonta a 2020, cuando los fiscales de la oficina de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario comenzaron a investigar a un empresario relacionado con el juego ilegal, lo que puso a Traferri en el centro de las sospechas. El legislador solicitó su propio desafuero antes de la imputación, que tuvo lugar en una audiencia extendida durante dos días y culminó este miércoles.
Los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, quienes asumieron el caso tras el apartamiento de Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, imputaron a Traferri como líder de una asociación ilícita dedicada a la organización y explotación de juegos de azar ilegales. También lo acusaron de tráfico de influencias, tanto con un ministro de Justicia como con un magistrado y un funcionario del MPA, además de cohecho pasivo, peculado y otros delitos relacionados con su rol en la función pública.
Según la Fiscalía, Traferri integraba un grupo delictivo que operaba con funciones claramente definidas. El empresario Leonardo Peiti era uno de los encargados de gestionar los juegos de azar y recaudar fondos, mientras que el fallecido secretario legislativo Ricardo Paulichenco y el propio Traferri manejaban la recaudación política. La cobertura judicial, crucial para el funcionamiento de la red, recaía en el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el ex fiscal regional Patricio Serjal, entre otros.
Además, se señaló que otras personas, como el ex diputado Darío Scataglini, el abogado José Fernández Chemes, y el ex corredor Oscar “Popi” Larrauri, colaboraban para ocultar el origen y destino del dinero obtenido ilícitamente. Varios de ellos, junto con otros actores, están siendo investigados por su participación en la organización.
La causa describe que la organización tenía dos objetivos principales: por un lado, aprovechar los fondos generados por la red de casas de juego clandestino; y por otro, obtener la concesión del juego online a través del sistema VLT (Virtual Lottery Terminal) en la provincia. Durante la audiencia, Traferri defendió su inocencia y criticó el accionar de los fiscales que inicialmente llevaron la investigación. Afirmó que existe un complot en su contra, encabezado por el ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín, a quien acusó de perfilarlo injustamente junto con Edery y Schiappa Pietra.
Traferri negó cualquier vinculación con Leonardo Peiti y rechazó haber recibido dinero del empresario. También desmintió haber buscado favoritismos o información privilegiada de los fiscales que investigaron el caso.
Finalmente, la jueza Eleonora Verón formalizó la imputación y dictó una orden de prohibición de acercamiento para Traferri y otros involucrados, como Peiti, Serjal, Ponce Asahad y varios más. Esta medida busca evitar cualquier interferencia en el proceso judicial, que continúa avanzando.
