Este martes, el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla desaprobó los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos llevó adelante para a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2017, cuando el distrito bonaerense era gobernado por María Eugenia Vidal.
En un fallo el juez ordenó extraer testimonios de lo obrado en ese expediente “e iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito”. Además, sancionó con multas a los espacios que conforman la alianza Cambemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.
Se trata de una causa en la que la Justicia investiga si el entonces Gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires.
El caso se conoció en 2018 a partir de una investigación del periodista Juan Amorín, en El Destape, que descubrió que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante. Esas personas figuraban como afiliados al PRO que habían realizado pequeñas donaciones de entre $350 y $1.500.
