Santa Fe formalizó su adhesión a la Ley Nacional 27.786, conocida como ley antimafias, y sumó una nueva herramienta legal para la persecución del crimen organizado. La aprobación definitiva llegó en el Senado provincial y le permite a la provincia incorporar un marco más amplio para investigar, sancionar y desarticular estructuras delictivas complejas, sin resignar competencias propias del Ministerio Público de la Acusación ni de la Justicia santafesina.
La norma apunta a organizaciones de tres o más integrantes que actúan de manera coordinada y sostenida para cometer delitos graves. A partir de esa definición, habilita mecanismos específicos para avanzar sobre fenómenos criminales con mayor capacidad operativa y financiera que el delito común. Entre los puntos más relevantes aparece la posibilidad de declarar “zonas sujetas a investigación especial”, lo que habilita intervenciones coordinadas entre distintas jurisdicciones bajo control judicial.
El nuevo esquema también contempla herramientas más agresivas para la pesquisa penal. Entre ellas figuran detenciones por averiguación con plazos extendidos en casos excepcionales, interceptación de comunicaciones con orden judicial, allanamientos en áreas vinculadas a la investigación, inmovilización de activos y decomiso anticipado de bienes aun sin condena firme, siempre mediando intervención judicial. La lógica es correr el foco desde el autor material del delito hacia la estructura que lo sostiene y financia.
Otro cambio importante es penal: la ley incorpora figuras específicas para castigar la integración, cooperación o sostenimiento de organizaciones criminales, con penas que pueden ir de 8 a 20 años. Además, en determinados supuestos, los miembros de esas redes pueden recibir la sanción prevista para el delito más grave cometido por el grupo. La normativa también excluye la posibilidad de resolver estos casos mediante juicio abreviado.
Desde el gobierno santafesino presentaron la adhesión como un paso más en la política de endurecimiento frente al narcotráfico y las mafias. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que la incorporación de esta ley fortalece una estrategia sostenida contra las organizaciones criminales y mejora la articulación entre la Justicia provincial, la federal y las fuerzas de seguridad.
Con este movimiento, Santa Fe busca sumar capacidad legal para atacar no solo a quienes ejecutan delitos, sino también a quienes organizan, financian o facilitan esas estructuras. En una provincia donde la violencia asociada al crimen organizado ocupa desde hace años el centro de la agenda pública, la apuesta oficial es que la nueva herramienta permita avanzar con más coordinación y mayor poder de daño sobre las redes delictivas.
