El gobierno de Santa Fe puso en marcha un nuevo esquema para enfrentar el elevado ausentismo en la administración pública. Se trata del Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal), una herramienta que concentrará en un mismo circuito el control de licencias médicas, la atención de enfermedades y accidentes laborales, y las prestaciones vinculadas a la salud de los empleados estatales. El alcance incluye a todos los trabajadores del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
La medida responde a las preocupantes cifras registradas en 2024, cuando el 26,7% de los agentes provinciales faltó al menos un día cada mes y, en promedio, quienes se ausentaron lo hicieron durante 56 jornadas en el año. En la práctica, esto significó que el 15,2% de la planta laboral no estuvo presente en su puesto de trabajo en cada día hábil, de acuerdo a un relevamiento del Observatorio de la Función Pública.
El Sipsal apunta a transparentar el uso de licencias, agilizar trámites, reducir irregularidades y brindar estadísticas precisas para planificar políticas de prevención. También se propone mejorar la seguridad en el trabajo mediante controles médicos periódicos y herramientas digitales que unificarán historias clínicas y facilitarán la gestión de casos.
El sistema se organizará en cinco áreas principales: una plataforma digital para registrar licencias y consolidar la historia clínica única de cada empleado; un servicio de salud laboral con controles médicos regulares; prestaciones específicas para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; juntas médicas que intervendrán en ausencias prolongadas o situaciones de incapacidad; y exámenes de prevención programados para toda la planta.
La aplicación estará bajo la órbita del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública, que trabajará de manera articulada con los ministerios de Trabajo, Salud, Gobierno e Innovación Pública, además de la obra social Iapos. El decreto que crea el sistema también abre la posibilidad de que las empresas y sociedades del Estado se adhieran en el futuro bajo condiciones que fijará la reglamentación.
Con este esquema, la provincia busca dar un paso hacia la modernización del control de ausencias, reducir el impacto económico del ausentismo y, al mismo tiempo, garantizar mejores condiciones de cuidado para los trabajadores del sector público.
