El gobernador Maximiliano Pullaro avanza con una reforma constitucional en Santa Fe que busca introducir cambios clave en el sistema político, judicial y administrativo de la provincia. La propuesta incluye la eliminación de la reelección indefinida, la obligatoriedad de residencia en el territorio santafesino para los legisladores, la institucionalización del equilibrio fiscal y la eliminación de fueros para funcionarios públicos.
Uno de los puntos centrales de la reforma es limitar a ocho años el ejercicio de cualquier cargo electivo, poniendo fin a la posibilidad de perpetuación en el poder. La única excepción será el gobernador y el vicegobernador, quienes actualmente no tienen la posibilidad de ser reelectos. También se establece que quienes integren la Legislatura deberán residir efectivamente en la provincia, buscando evitar desconexiones entre los representantes y las problemáticas locales.
Otro aspecto relevante es la incorporación del equilibrio fiscal como principio constitucional, lo que obligará a cualquier gobierno a no gastar más de lo que ingresa. Esta medida apunta a evitar déficits crónicos y garantizar una administración financiera responsable. En la misma línea, se plantea la eliminación de fueros para legisladores y funcionarios, permitiendo que puedan ser investigados judicialmente sin restricciones y garantizando que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley.
El gobierno provincial también busca consolidar en la Constitución los avances en materia de seguridad, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En menos de un año de gestión, Pullaro impulsó medidas como un mayor despliegue policial, condiciones carcelarias más estrictas y el fin de la “puerta giratoria” en la Justicia. La intención es plasmar estos cambios en la Carta Magna para evitar retrocesos en futuras administraciones. Además, se propone reformar el sistema de enjuiciamiento de fiscales y magistrados, reemplazando la actual intervención legislativa por un tribunal independiente para garantizar mayor imparcialidad.
Otro eje de la reforma es la institucionalización de mecanismos de control y transparencia en la gestión pública. La provincia implementó en los últimos años procesos más rigurosos en compras, concursos y administración de fondos, logrando inversiones históricas en infraestructura con recursos propios. La idea es que estas prácticas se mantengan a través de una regulación constitucional que garantice la eficiencia en el gasto y la transparencia en el uso de los fondos públicos.
También se busca dar rango constitucional a la ley de “Ficha Limpia”, que impide que personas condenadas por delitos graves, como corrupción y narcotráfico, puedan ser candidatas a cargos públicos. Esta normativa ya rige en Santa Fe desde 2022, pero la intención es blindarla para que no pueda ser modificada con facilidad.
La reforma de Pullaro representa una actualización integral del sistema normativo de la provincia con un fuerte énfasis en la modernización institucional, la transparencia y la seguridad. La convocatoria a una asamblea constituyente en abril de 2026 será el puntapié inicial para el debate formal de los cambios propuestos, que podrían redefinir el funcionamiento político y administrativo de Santa Fe en los próximos años.
