La Cámara de Diputados de Santa Fe se prepara para debatir uno de los proyectos más controvertidos del año: la prohibición de la actividad de los cuidacoches en todo el territorio provincial. Aunque la iniciativa cuenta con respaldo mayoritario dentro del oficialismo, las negociaciones continúan abiertas y todo indica que la norma podría ser aprobada con cambios antes de regresar al Senado para su revisión definitiva.
La propuesta, impulsada originalmente por el senador provincial Ciro Seisas, establece la prohibición de ofrecer servicios de cuidado, vigilancia, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública a cambio de dinero. Además, contempla sanciones económicas y otras penalidades para quienes incumplan la normativa.
En las horas previas al debate, legisladores provinciales recibieron a representantes de la Pastoral Social de las arquidiócesis de Santa Fe y Rosario, así como a referentes de organismos de derechos humanos, quienes expresaron su preocupación por las consecuencias sociales que podría generar una prohibición generalizada.
Desde la Iglesia advirtieron que el fenómeno de los cuidacoches está estrechamente vinculado a la pobreza, la informalidad laboral y la falta de oportunidades de empleo. Por ese motivo, sostienen que una prohibición sin políticas complementarias de inclusión podría profundizar situaciones de exclusión social.
La Pastoral Social planteó que el Estado debe diferenciar entre quienes desarrollan la actividad como una forma de subsistencia y aquellos casos donde existen prácticas extorsivas, amenazas o estructuras organizadas que operan de manera ilegal. Como alternativa, propuso avanzar en mecanismos de registro, regulación e identificación de trabajadores, acompañados por programas de capacitación e inserción laboral.
Las objeciones también llegaron desde organizaciones de derechos humanos. Integrantes del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia cuestionaron el proyecto por considerar que criminaliza la pobreza y castiga actividades vinculadas a la supervivencia de personas en situación de vulnerabilidad.
Pese a esos planteos, el oficialismo mantiene su intención de avanzar con la norma. La principal discusión interna gira en torno a quién tendrá la responsabilidad de aplicar y controlar la ley, un punto que motivó negociaciones para introducir modificaciones y garantizar los consensos necesarios para su aprobación. Entre las alternativas analizadas figura la incorporación de jueces de faltas como autoridad de aplicación en ciudades como Santa Fe y Rosario.
La iniciativa cuenta además con el respaldo de varios municipios que reclaman herramientas legales para intervenir frente a situaciones de conflictividad vinculadas a la actividad de los cuidacoches en espacios públicos.
Con posiciones enfrentadas y una fuerte discusión sobre seguridad, trabajo informal e inclusión social, el debate promete convertirse en uno de los más intensos de la agenda legislativa santafesina.
