El gobierno municipal de Rosario profundiza su apuesta por la autonomía local y proyecta elevar al Concejo un borrador para que la ciudad tenga rango constitucional y pueda definir sus competencias, recursos y relaciones con la Provincia. La iniciativa aspira a desdoblarse del control central y dotar al municipio de más independencia fiscal y administrativa.
En paralelo, se propone modificar la Carta Orgánica de Santa Fe para que Rosario deje de depender de permisos provinciales en asuntos clave. Bajo la reforma, la ciudad podría actuar con plena capacidad en áreas como financiamiento de obras, gestión urbana y convenios internacionales, sin solicitar habilitaciones externas para tareas cotidianas como podar árboles o emitir bonos para pavimentación definitiva.
Desde el municipio sostienen que esta propuesta responde al anhelo histórico de muchos rosarinos de contar con un Estado local más veloz, con decisión directa y mejor capacidad para responder a sus propias necesidades. También recalcan que, con el debate nacional sobre federalismo y redistribución de competencias, el momento para esta reforma es oportuno.
Una novedad importante del proyecto es que buscaría establecer una relación más equilibrada con la Provincia en materia de distribución de recursos. Rosario aspiraría a negociar copaticipación con otra jerarquía, para contar con fondos definidos que respalden los servicios que asume sin depender de la discrecionalidad provincial.
En el terreno político, la idea despierta simpatías y resistencia. Sus defensores destacan que Rosario tiene una población y funciones metropolitanas que demandan autonomía real. Sus detractores advierten que la reforma no debe plantearse como una ruptura, sino como un reordenamiento dentro de un sistema federal robusto.
Otro eje central del debate será el control sobre la policía local. Aunque algunos proponentes de autonomía impulsan esa idea, desde el Concejo local ya anticiparon que Rosario no asumiría fuerzas de seguridad propias. Se considera más prudente coordinar con el gobierno provincial la prestación de ese servicio, para evitar riesgos de territorialización y corrupción.
Si el proyecto avanza, Rosario podría convertirse en el primer municipio del interior con un estatus constitucional propio, más allá de los que ya poseen Buenos Aires y su conurbano. Pero para ello deberá sortear etapas exigentes: audiencias públicas, conformación de comisiones técnicas, validación legislativa provincial y, posiblemente, un referéndum.
Con esta iniciativa, la ciudad busca consolidar un nuevo estadio de autogobierno. Si prospera, Rosario no solo ganará más margen de decisión, sino que reclamada una nueva forma de entender cómo se administra una ciudad que ya no puede seguir dependiendo de permisos ajenos para ejercer lo que hoy sucede de hecho.
