La salida de Marco Lavagna al frente del INDEC tomó por sorpresa a buena parte del oficialismo, pero dentro del organismo la interpretaron como el desenlace de un conflicto que venía escalando: la postergación —otra vez— del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya publicación estaba prevista para el martes 10 de febrero.
Según reconstruyeron fuentes del propio instituto, Lavagna habría blanqueado el motivo en una reunión cerrada con directores nacionales: afirmó que la presión para demorar el índice se volvió “insoportable”. Horas después, el ministro Luis Caputo confirmó que el nuevo IPC quedaba suspendido “sin fecha”, al sostener que “no hay necesidad ahora” y que el resultado “da prácticamente lo mismo” que el indicador vigente. También anunció que el reemplazo será quien hasta ahora era el segundo de Lavagna, Pedro Ignacio Lines.
Lavagna difundió una carta de despedida dirigida al personal del instituto en la que evitó mencionar el IPC en forma explícita, pero aludió a “proyectos con un alto nivel de desarrollo” que —según planteó— podrían completarse más adelante. La actualización del índice venía trabajándose desde 2022 y, de hecho, había recibido asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional durante 2023. Sin embargo, su salida se demoró primero durante el tramo final del gobierno de Alberto Fernández y luego bajo la administración de Javier Milei.
El punto sensible es técnico y político a la vez: el nuevo IPC cambia ponderaciones en la canasta, con menor peso de bienes y mayor incidencia de servicios. Ese ajuste toma como base la encuesta de gastos de hogares 2017/2018 y reemplaza una estructura que, en los hechos, arrastra un fuerte atraso. Con tarifas y servicios públicos subiendo con fuerza, la actualización podía reflejar un impacto mayor en la medición mensual, algo que en el Gobierno prefirieron evitar en un momento de inflación todavía en disputa.
En el trasfondo también aparecieron otras tensiones: el Banco Central de la República Argentina había vuelto a publicar proyecciones de inflación en su informe de política monetaria y, en paralelo, se habría reconocido que la demora del nuevo IPC incidió en que la inflación medida en años recientes no fuera más alta. A eso se sumó un cortocircuito con Daniel Scioli por estadísticas de turismo y salida de divisas: hubo cruces por la forma de estimar gastos y, según se informó, se discontinuó el financiamiento de relevamientos específicos.
La agenda de cambios que Lavagna empujaba no se agotaba en el IPC. Entre los temas que trabajaba figuraban actualizaciones metodológicas para salarios —en especial para reducir rezagos en el registro de trabajadores informales— y discusiones sobre medición de pobreza. Además, insistía con un proyecto para darle mayor autonomía institucional al INDEC, con un esquema de designación del titular por el Congreso y financiamiento propio, una iniciativa que ya había chocado con resistencias en etapas anteriores, incluida la gestión de Sergio Massa.
En el organismo, además, se venía acumulando malestar por el achique de estructura y la pérdida de personal: se habló de decenas de vacantes sin cubrir y direcciones incompletas. La junta interna de ATE advirtió que la renuncia, a días de la fecha prevista para estrenar el nuevo indicador, encendía señales de alerta sobre el rumbo del sistema estadístico.
