El Senado abrió este miércoles 11 de febrero el debate de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, luego de que el oficialismo lograra reunir el quórum con ayuda de aliados y de senadores que responden a gobernadores, tras una negociación de último momento que obligó a retocar el texto original.
La sesión comenzó con un dato político fuerte: los 28 senadores del peronismo no bajaron al recinto para habilitar el tratamiento, y tampoco lo hicieron los legisladores de Santa Cruz Natalia Gadano y José María Carambia, según reconstruyó el minuto a minuto parlamentario.
Concesiones para destrabar votos
En la previa, el Gobierno trabajó contrarreloj para asegurar una mayoría. Entre los movimientos que sellaron apoyos apareció un compromiso clave hacia las provincias: no avanzar con recortes en Ganancias, un impuesto coparticipable de enorme peso en la recaudación de los distritos.
En paralelo, también hubo gestos para descomprimir el frente sindical: el oficialismo aceptó mantener los aportes patronales a las obras sociales y la continuidad del aporte solidario, aunque la resistencia gremial se mantuvo en otros puntos de la iniciativa y se expresó con movilizaciones y medidas de fuerza en las calles.
Cruces en el recinto y batalla por el relato
Desde Unión por la Patria, el jefe de bloque José Mayans endureció el rechazo y sostuvo que la propuesta “se presenta como laboral” pero, en los hechos, “va contra los trabajadores”. Además, cuestionó el argumento del Gobierno sobre la “industria del juicio” y advirtió por el impacto de la norma en las provincias.
Del lado oficialista, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el paquete como un cambio estructural y lo calificó como “la reforma más importante” en décadas, remarcando que las modificaciones incorporadas respondieron a un proceso de negociación para sumar respaldos.
La Casa Rosada siguió la sesión de cerca
Con el poroteo fino y una votación que el Gobierno considera decisiva para ordenar el resto de las extraordinarias, Javier Milei dispuso que su mesa política se instalara en el Congreso para monitorear el debate y evitar sorpresas.
Mientras tanto, el recinto se convertía en espejo de la calle: con el Senado sesionando, sindicatos y organizaciones reforzaron la protesta contra la reforma, sosteniendo que el proyecto recorta derechos y amplía la precarización, un diagnóstico que el Ejecutivo rechaza al insistir en que la ley busca “modernizar” el régimen y reducir la informalidad.
