El Ejecutivo nacional presentó un nuevo proyecto de ley orientado a modificar la actual normativa laboral, con el objetivo declarado de dinamizar la creación de empleo formal y captar inversiones externas. La iniciativa fue firmada por la diputada nacional Romina Diez, por la provincia de Santa Fe, perteneciente al espacio oficialista.
Según el texto remitido al Congreso, se propone una actualización de la ley de Contrato de Trabajo, sancionada en 1976, con énfasis en flexibilizar ciertos aspectos de la relación laboral sin remover derechos fundamentales, según sus promotores.
Entre las modificaciones clave, figura la posibilidad de establecer acuerdos individuales homologados para alterar cláusulas esenciales del contrato laboral; el envío de comprobantes de haberes de modo digital; y la regulación de conceptos como viáticos, guarderías, capacitación o asistencia médica como beneficios sociales.
También se introduce la facultad de ajustar la forma de prestación laboral —por ejemplo, variando modalidad de trabajo— siempre que no resulte “irrazonable ni perjudicial” para el trabajador. En materia de vacaciones, se habilita su fragmentación en intervalos mínimos de una semana y extiende la fecha límite de otorgamiento hasta el 30 de abril del año siguiente.
En materia de jornada, el proyecto contempla que los convenios colectivos puedan implementar bancos de horas o regímenes especiales, con un descanso mínimo de doce horas entre jornadas de trabajo.
Otro punto destacado es la redefinición de licencias por enfermedad y la creación de un registro de médicos periciales dependiente del Ministerio de Capital Humano, con el objetivo de controlar certificados e iniciar sanciones. Asimismo, se fija un límite al porcentaje que pueden cobrar los honorarios y costas judiciales en causas laborales: no podrán superar el 25 % del monto de la sentencia.
En el frente de incentivos, la ley propone créditos fiscales para empresas que incorporen trabajadores: las microempresas, por ejemplo, podrán acceder a una devolución del 100 % de las contribuciones patronales durante un año. Las firmas que contraten ex-empleados del sector público – nacional, provincial o municipal – podrán recibir un bono equivalente al total de los aportes patronales.
La diputada santafesina que suscribe el proyecto integra el bloque oficialista y forma parte del paquete de reformas que el Gobierno apunta a sancionar antes de que finalice el año, junto con la reforma tributaria y previsional.
El Gobierno considera que esta legislación será una herramienta clave para reducir la litigiosidad laboral, formalizar empleo y aumentar la competitividad del sector privado, aunque los sindicatos advierten sobre el riesgo de pérdida de derechos si no hay controles suficientes.
