La Convención Reformadora de Santa Fe avanzó con la aprobación del capítulo vinculado al Poder Judicial en el marco de la reforma constitucional. Tras una extensa jornada de votación, se definió que la Corte Suprema de Justicia estará integrada por siete miembros, con criterios de representación territorial y paridad de género. También se resolvió dar autonomía al Ministerio Público, que quedará dividido en dos órganos —Fiscalía y Defensa—, y se incorporó de manera expresa la Defensoría del Pueblo junto con el Tribunal de Cuentas al texto constitucional.
El debate incluyó siete votaciones generales y veintinueve en particular, además de quince disposiciones transitorias para ordenar la aplicación de las modificaciones en los próximos dos años. La discusión fue precedida por audiencias públicas con decenas de expositores, y en el recinto la mayoría de los bloques coincidió en que los cambios buscan fortalecer la independencia judicial. Lisandro Enrico, presidente de la comisión encargada del análisis, sostuvo que se trata de la mejor herramienta para garantizar a la ciudadanía un Poder Judicial autónomo y libre de presiones.
Los convencionales de Unidos y Más para Santa Fe respaldaron el paquete en general y destacaron que organismos claves como el Consejo de Selección y la Defensoría del Pueblo queden consagrados en la Constitución. Sin embargo, no faltaron críticas. La convencional María Victoria Capocetti, de Activemos, consideró que el proceso respondió a intereses políticos antes que institucionales, mientras que Silvia Malfesi, de Somos Vida y Libertad, también se mostró en contra de varios puntos. Desde La Libertad Avanza, Froilán Ravena cuestionó que se haya fijado un número rígido de integrantes para la Corte y advirtió sobre un eventual condicionamiento político en su funcionamiento.
En lo aprobado se resolvió que la Corte Suprema pase de cinco a siete jueces, designados por el Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. Los ministros tendrán inamovilidad mientras cumplan con las exigencias formales, pero cesarán automáticamente al cumplir 75 años. Respecto del Ministerio Público, se dispuso que funcione como un ente autónomo con dos ramas independientes, una dedicada a la acusación penal y otra a la defensa pública, cada una encabezada por autoridades designadas por cinco años con posibilidad de reelección.
El nuevo Consejo de Selección, dependiente del Ejecutivo, tendrá a su cargo los procesos de nombramiento mediante concursos públicos de antecedentes y oposición con carácter vinculante, privilegiando el mérito de los postulantes. También se creó un Jurado de Enjuiciamiento integrado por once miembros entre legisladores, abogados y representantes del sistema judicial, encargado de juzgar faltas graves de jueces, fiscales y defensores.
La votación arrojó mayorías contundentes en varios puntos. La ampliación y regulación de la Corte Suprema fue aprobada por 49 votos a favor y 19 en contra. La incorporación de la Defensoría del Pueblo obtuvo 47 adhesiones, con 17 rechazos y 4 abstenciones. En el caso del Tribunal de Cuentas, se registraron 35 votos positivos, 21 negativos y 12 abstenciones. Con estas decisiones, la reforma constitucional santafesina avanza hacia una nueva configuración del sistema judicial, con la intención de dotarlo de mayor autonomía, control y legitimidad institucional.
