Los rectores de las universidades públicas del país anunciaron que presentarán una acción judicial para que el Gobierno nacional ejecute la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada recientemente por el Congreso. La medida llega luego de que, aunque la norma fue promulgada, su aplicación quedó en suspenso por decisión del Poder Ejecutivo.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, calificó de “unilateral” la decisión del Gobierno de promulgar la ley sin habilitar su implementación inmediata. Denunció que la normativa fue concebida como una solución técnica para la recomposición salarial del sector, y que el Ejecutivo “no tiene excusas para no cumplirla”.
La protesta académica coincide con un paro de 48 horas convocado por los gremios docentes y no docentes, que comenzó este martes 21 y se extenderá hasta el miércoles 22. Durante ese período, las facultades y escuelas de la UNR permanecerán cerradas, según una resolución sindical por incumplimiento del Estado.
La ley establece una actualización salarial del 42,53 % para el personal universitario con el fin de compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde noviembre de 2023. Según los rectores, su aplicación requiere apenas el 0,2 % del Producto Bruto Interno (PBI). Bartolacci afirmó: “No es cierto que no haya recursos; es una cuestión de voluntad del Ejecutivo y de redistribución de partidas”.
En una carta conjunta, las autoridades universitarias advirtieron que el aplazamiento de la norma pone en riesgo “la continuidad del funcionamiento de las universidades públicas” y subrayaron que la nueva ley fue consensuada y aprobada con amplia mayoría en el Congreso. De no cumplirse la implementación en los próximos días, el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocará una acción coordinada judicialmente para litigar contra el Estado.
El Ejecutivo, por su parte, argumenta que la ley fue publicada en el Boletín Oficial, pero aclara que su entrada en vigencia depende de la aprobación del presupuesto 2026 y de una resolución que determine de dónde provendrán los fondos. Los rectores rechazan esta interpretación y sostienen que el Poder Ejecutivo ya tiene facultades para efectuar la redistribución necesaria para garantizar la vigencia de la norma.
El conflicto pone al descubierto la tensión entre el ámbito legislativo, que aprobó la normativa, y el poder ejecutivo que reclama una justificación de recursos presupuestarios para su ejecución. El sistema universitario nacional —que arrastra años de deterioro salarial y presupuestario— exige que la ley no quede como un anuncio sino que sea aplicada de forma inmediata para evitar un agravamiento en la situación académica y administrativa.
De esta forma, las autoridades universitarias inician una batalla jurídica para que la ley pase de la pegatina institucional a la realidad operativa de las universidades públicas.
