En las últimas semanas se multiplicaron los reclamos contra la Empresa Provincial de la Energía (EPE), lo que motivó la solicitud de una reunión formal con las autoridades de la compañía. La principal preocupación se centra en irregularidades vinculadas a la facturación, la falta de transparencia en los consumos y la pérdida de beneficios sociales para sectores vulnerables.
Silvana Teisa, referente de la Oficina Municipal del Consumidor, en diálogo con VersiónRosario, detalló que uno de los problemas más frecuentes es la ausencia de boletas impresas. “Muchos usuarios desconocen cuáles fueron sus consumos, siguen con subsidios, pero pagan sin saber realmente lo que están abonando. Eso vulnera el artículo 25 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor”, advirtió.
La situación afecta principalmente a adultos mayores que no manejan herramientas digitales. “Se acercan a las oficinas con un instructivo y un papelito con la dirección de la oficina virtual para que los asesoren, porque no cuentan con la tecnología ni con el conocimiento para hacerlo solos”, agregó Teisa.
Otro punto que genera malestar es la falta de lectura de medidores. Según se explicó, en numerosos casos se aplica un consumo estimado y en la siguiente factura se suma el consumo real, lo que dispara los montos finales. “Todos sabemos que a partir de los 300 kilowatts el valor de cada kilowatt es mucho mayor. Si no se hacen las lecturas adecuadas, las facturas llegan con incrementos excesivos e imposibles de afrontar para muchas familias”, remarcó la dirigente.
A este panorama se suma la decisión de la EPE de eliminar tarifas sociales o preferenciales a quienes no figuran en el registro nacional de subsidios o dejaron de cumplir con los requisitos de ingresos. La medida golpea de lleno a hogares de bajos recursos que dependen de esas tarifas diferenciales para poder sostener el servicio básico.
El pedido de reunión busca que la empresa brinde explicaciones claras y soluciones concretas a los reclamos de los usuarios. “Queremos que se garantice un servicio justo, transparente y que no se sigan vulnerando derechos básicos de los consumidores. El acceso a la energía es un derecho esencial, no puede quedar librado a prácticas que terminan castigando al vecino común”, subrayó Teisa.
Mientras tanto, los vecinos continúan acercando sus quejas y denuncias, evidenciando una situación que, de no resolverse pronto, podría derivar en mayores conflictos con la prestadora.