Sain planteó la inconstitucionalidad de la ley que establece incompatibilidades para los fiscales y directores de órganos del Ministerio Público de la Acusación. Reclamaba el pago de todos los salarios caídos desde el 4 de noviembre de 2021 hasta la fecha de su eventual reingreso al cargo, con más los intereses calculados a la tasa activa del Nuevo Banco de Santa Fe para operaciones de descuento a 30 días, y las costas del juicio.
Además, había presentado un recurso contencioso administrativo paraque se declare nulo lo resuelto por la Asamblea Legislativa en Sesión Conjunta del Poder Legislativo de la Provincia de Santa Fe que lo removió del cargo.
El tribunal de alzada con el voto de los jueces Eduardo Pastorino y Angel Angelides entiende que el amparo es abstracto porque sustanciar dos causas ante distintos ámbitos implica como resultado disvalioso un dispendio judicial.
