El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó un decreto que otorga licencia extraordinaria con goce de haberes a agentes de la Administración Pública Provincial y docentes que participen como precandidatos y/o candidatos en las elecciones de 2025. Esta medida busca garantizar que los trabajadores del Estado que decidan postularse a cargos electivos puedan dedicarse de lleno a la campaña sin afectar su estabilidad laboral ni su salario.
El documento establece que los empleados públicos y docentes que se presenten como precandidatos en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de abril de 2025 tendrán derecho a esta licencia especial. Asimismo, quienes resulten candidatos en las elecciones generales del 29 de junio de 2025 también podrán acceder a este beneficio durante el tiempo que dure la campaña electoral.
Para hacer uso de la licencia, los interesados deberán presentar una solicitud ante el organismo en el que se desempeñan, acompañada de un certificado emitido por la Secretaría Electoral de la provincia de Santa Fe, que acredite su condición de precandidato o candidato.
El decreto, identificado como el N.º 0290/25, también establece que la medida será refrendada por el Ministro de Economía, quien además ocupa la cartera de Gobierno e Innovación Pública.
Esta iniciativa busca brindar condiciones equitativas a los trabajadores del Estado que desean participar en el proceso electoral, evitando que deban renunciar a sus ingresos para dedicarse a la campaña. Además, la norma está en línea con la legislación vigente, particularmente con la Ley 6808 y su modificación en la Ley 12367, que regula los derechos de los empleados públicos en períodos electorales.
Sin embargo, el decreto podría generar debates en el ámbito político y en la opinión pública. Mientras algunos sectores pueden verlo como una herramienta para fortalecer la participación democrática, otros podrían cuestionar el uso de fondos públicos para sostener económicamente a quienes buscan un cargo político.
No es la primera vez que una provincia argentina implementa este tipo de medidas. En otras jurisdicciones, han existido disposiciones similares que permitieron a los funcionarios públicos competir en elecciones sin ver afectado su empleo ni su salario.
A medida que se acerquen las elecciones, es probable que el decreto genere discusiones sobre su conveniencia y sus implicaciones en la transparencia del proceso electoral. Sin embargo, por el momento, representa una oportunidad para que más agentes estatales puedan involucrarse en la política sin temor a represalias laborales.
