La Municipalidad de Granadero Baigorria dispuso una norma que prohíbe la venta de insumos de construcción a personas que vivan o levanten edificaciones en terrenos ocupados de manera ilegal.
El decreto municipal nº 0717/25 ordena que los comercios reciban periódicamente un listado con los inmuebles fiscales que estén ocupados sin autorización. Quienes figuren en esa nómina no podrán adquirir materiales de ningún tipo en los corralones locales. La disposición es tajante: ni ladrillos, ni hierro, ni siquiera los elementos más básicos podrán comercializarse a esas familias.
La responsabilidad del cumplimiento recae sobre los comerciantes, que en caso de incumplir se exponen a sanciones económicas y hasta a posibles causas penales. Según el municipio, la iniciativa busca desalentar el avance de la construcción en sectores considerados irregulares.
La medida lleva la firma del intendente Adrián Maglia y ya generó un intenso debate en la ciudad. Distintas voces cuestionaron la viabilidad de la norma al señalar que resulta casi impracticable que un vendedor pueda comprobar con exactitud el domicilio real de cada cliente. A eso se suma que, al limitar el acceso a materiales de construcción, se estaría afectando principalmente a familias de bajos recursos que intentan mejorar las condiciones de sus viviendas.
Las críticas remarcan además el carácter excluyente de la disposición, al entender que termina reforzando un sesgo clasista y estigmatizante sobre los sectores más vulnerables. En ese sentido, varios referentes sociales y políticos calificaron la medida como injusta, absurda y discriminatoria.
Mientras tanto, la norma ya está en vigencia y los corralones deberán ajustar su operatoria a lo dispuesto por el municipio, en medio de un escenario de creciente tensión entre el Ejecutivo local y quienes consideran que la política habitacional no puede resolverse con prohibiciones de este tipo.
