Organizaciones ambientalistas reclaman la inclusión obligatoria de pasafaunas en los pliegos licitatorios de la nueva concesión de la ruta nacional que une Rosario con Victoria, Entre Ríos. El pedido se realiza a través de un amparo ambiental que busca que la justicia dicte una medida cautelar para frenar el avance de la licitación hasta que se garantice esta infraestructura clave.
Franco Peruggino, referente de la ONG Mundo Aparte, advirtió en diálogo con VersiónRosario que en los más de 20 años desde la inauguración del puente que une ambas provincias “no se hizo nada por evitar los atropellamientos de fauna silvestre”. Según explicó, la traza atraviesa zonas de humedales y reservas naturales, como el área protegida Islas de Victoria, con una altísima presencia de animales silvestres.
“Por eso no podemos aceptar ver el mismo escenario 30 años más. La nueva concesión va a estar a cargo por tres décadas y en los pliegos preliminares no se incluyeron los pasafaunas”, remarcó Peruggino. La ONG sostiene que estas estructuras deben ser obligatorias en la nueva etapa, tanto por el impacto ambiental como por la seguridad vial.
La traza, de unos 60 kilómetros de extensión, cuenta con 12 puentes y numerosos tramos de terraplén donde se concentra el mayor peligro. “Los sectores críticos son entre los puentes 2 y 3 y entre los puentes 7 y 8, donde los pasafaunas tendrían que estar más seguidos, quizás cada uno o un kilómetro y medio”, detalló el activista.
En los sectores donde los puentes están más próximos, los animales suelen utilizarlos para cruzar, por lo que en esos tramos no sería necesario construir tantos pasos específicos. Sin embargo, en los kilómetros de terraplén la situación es crítica y los siniestros son frecuentes.
“El conflicto se da en los tramos de terraplén. Y esto no es solo una cuestión ambiental: hay víctimas fatales, animales y humanas. Chocarse un carpincho a 100 kilómetros por hora no es gratis para el conductor. Los pasafaunas también son una medida de seguridad vial”, subrayó Peruggino.
La ONG exige que Vialidad Nacional, autoridad de aplicación y responsable del pliego, modifique los términos de la concesión para garantizar una ruta más segura y respetuosa del ecosistema.
