Vicentin volvió a sufrir un duro revés en las últimas horas tras, un grupo de acreedores de empresas agropecuarias que tienen vínculos comerciales con la empresa cerealera comenzaron una demanda civil contra varios miembros de la firma por unos 25 millones de dólares. Esta acción se suma a las otras causas penales en curso que afronta la marca.
Se trata de una demanda civil, patrocinada por el estudio Robiolo y Asociados, “por daños y perjuicios” que involucra a quienes dirigían la empresa al momento de declararse el default, a los ex síndicos, al auditor que certificó los balances de Vicentin y a las firmas KPMG Argentina y KPMG Internacional, que avalaron los estados contables.
La parte damnificada pretende que se investigue la presunta adulteración de los balances, que de comprobarse abriría las puertas para lograr una reparación económica por los perjuicios sufridos en el proceso.
Desde los pasillos judiciales esbozaron que se buscará probar que se concretó un fraude a través de la adulteración de los balances contables de la aceitera con sede en la ciudad de Avellaneda, que habría permitido ocultar un faltante de u$s 900 millones.
Los demandantes también solicitaron que se investigue la estructura societaria de Vicentin con filiales en otros países, que en la práctica, a través de empresas off shore, dejaba fuera del alcance de los acreedores los activos de la firma, con lo cual la aceitera podía operar sin tener que responder por sus deudas.
Una de las claves de la denuncia civil es determinar la naturaleza de la actuación de KPMG, firma a la que acusan de no haber advertido un faltante patrimonial de 900 millones de dólares.
