En un hecho político histórico, ya que hace 22 años que no sucedía, el Senado rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en Discapacidad, por lo que dicha medida se reactiva tras su aprobación meses atrás. Cabe recordar que este sector se encuentra en el centro de las miradas debido a las denuncias por coimas del extitular del área y exabogado del mandatario nacional, Diego Spagnuolo.
Ver más: Rosario concentra defendiendo los derechos de la Discapacidad
“Queda aprobada con 63 votos afirmativos y 7 votos negativos la insistencia en la Ley 27.793 que declara la emergencia en discapacidad”, detalló la cuenta Senado Argentina en X.
Durante la jornada, el sector de discapacidad realizó un paro y una movilización nacional en las plazas del país.
La iniciativa declara la emergencia en la materia hasta diciembre de 2026, prorrogable por un año más, y contempla una serie de medidas orientadas a fortalecer el sistema de prestaciones y la inclusión laboral de personas con discapacidad. A continuación, los puntos salientes de la ley:
Compensaciones económicas: se prevé una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
– Regularización de pagos y actualización de aranceles: se dispone saldar deudas con prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, que pasa a ser declarado de interés público nacional.
– Pensiones no contributivas: se garantiza el financiamiento y se revisan las condiciones de acceso y permanencia.
– Fortalecimiento institucional: se mejora la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y se establecen auditorías para corregir fallas en la gestión.
– Transparencia y control: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas vinculadas a la emergencia.
– Certificado Único de Discapacidad (CUD): la ANDIS, en coordinación con el Consejo Federal de Discapacidad, fijará nuevos lineamientos para la certificación, contemplando condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales.
– Talleres protegidos y centros de día: se asignan recursos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo.
– Cupo laboral: se reafirma la obligación del Estado de cumplir con el 4% de empleo para personas con discapacidad en el sector público.
