La concentración se realizó a las 10:30 en la Plaza 25 de Mayo. Según señalaron los convocantes, el incumplimiento de la normativa y el retraso en los pagos están generando una situación crítica para instituciones y trabajadores del sector, con riesgo de cierre de espacios y suspensión de tratamientos.
En diálogo con Versión Rosario, Mariel Chapero, referente de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad, advirtió que el escenario se vuelve cada vez más complejo.
“La situación cada día que pasa es más difícil porque se profundiza la crisis. A los problemas que venimos denunciando, como el desfasaje arancelario de las prestaciones y los bajos honorarios de los trabajadores de talleres protegidos, ahora se suma el cese de pagos del Gobierno nacional”, explicó.
Chapero señaló que en algunos casos las instituciones llevan más de cuatro meses sin cobrar prestaciones financiadas por el Estado nacional, lo que complica el funcionamiento cotidiano y el pago de salarios.
“En nuestra institución, por ejemplo, desde mediados de octubre no recibimos pagos por las prestaciones que corresponden. Ya pasaron más de cuatro meses y medio, cuando la ley establece un plazo máximo de 90 días”, indicó.
La referente también mencionó que otros financiadores, como obras sociales, mantienen esquemas de pago mensuales, aunque advirtió que incluso PAMI registró demoras en el último período.
Según explicó, la falta de recursos está impactando directamente en la sostenibilidad de las instituciones y en la continuidad de los servicios que reciben las personas con discapacidad.
“La situación es desesperante. Las instituciones ya arrastran deudas de honorarios o salarios del mes anterior y ahora se suma que tampoco se pueden cumplir otros compromisos básicos”, afirmó.
Desde las organizaciones que participaron de la movilización señalaron que la crisis afecta tanto a centros de atención como a profesionales y trabajadores del sector, además de poner en riesgo tratamientos que muchas personas necesitan de forma permanente.
Por ese motivo, los manifestantes reclamaron medidas urgentes para garantizar el financiamiento del sistema y asegurar la continuidad de las prestaciones.
