En un clima de creciente malestar social, distintas instituciones, prestadores independientes y familias de personas con discapacidad denunciaron al Gobierno nacional por incumplir la ley de emergencia recientemente sancionada y promulgada. La polémica se desató luego de que, en el mismo acto en que se anunció la promulgación de la norma, el Poder Ejecutivo decidiera suspender su aplicación al no destinar recursos concretos para su implementación.
La medida fue calificada como un “acto paradójico e increíble” por los referentes del sector, que ven en esta decisión una muestra de la falta de voluntad política para garantizar derechos básicos. “El presidente promulgó la ley, pero en el mismo momento resolvió suspenderla. Es una contradicción que vulnera derechos y demuestra que no hay intención real de aplicarla”, señaló Pablo Bolego, uno de los voceros de la movilización.
El reclamo se centra en la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de financiar la emergencia en discapacidad, sin trasladar esa carga al Congreso. “No puede ser que se sancione una ley, que haya sido trabajada con el apoyo de todo el arco político, y que luego se deje en suspenso porque no se definen las partidas presupuestarias. Esa no es una excusa válida. Es el Gobierno quien debe resolverlo”, enfatizó Bolego.
Las organizaciones advierten que la situación afecta directamente a miles de familias que dependen de prestaciones básicas para sostener la vida cotidiana de personas con discapacidad. La falta de recursos impacta en la cobertura de tratamientos, en la atención de prestadores y en la continuidad de programas de inclusión.
Ante este escenario, los colectivos anunciaron que intensificarán sus medidas de protesta. Está prevista una jornada nacional de movilización para el próximo miércoles, con marchas simultáneas en distintas ciudades del país. “Vamos a estar en las calles de todo el país reclamando el cumplimiento estricto de la ley. Vamos a intimar al Presidente y al Jefe de Gabinete para que acaten lo que ya está sancionado y promulgado”, agregó el dirigente.
Los referentes remarcaron que, además de la protesta, avanzarán en el plano judicial. Desde la Defensoría del Pueblo ya se analiza la posibilidad de realizar una presentación en la Justicia para intimar al Gobierno a aplicar de inmediato lo dispuesto por el Congreso. “Nuestro deber como ciudadanos es exigir el cumplimiento de la ley por todas las vías disponibles: la calle, la política y la Justicia”, puntualizó Bolego.
La sanción de la ley de emergencia en discapacidad había sido celebrada como un triunfo de la lucha colectiva, lograda tras años de gestiones, movilizaciones y negociaciones con legisladores de diferentes partidos. La amplia aprobación política que recibió en ambas cámaras fue vista como un símbolo de consenso en torno a la necesidad de atender un sector históricamente postergado.
Sin embargo, la suspensión inmediata de su aplicación generó una sensación de estafa entre las familias y las organizaciones. “Nos costó muchísimo llegar a esta ley, y no vamos a permitir que quede en letra muerta”, concluyó Bolego.
De esta manera, la crisis por el incumplimiento de la emergencia en discapacidad suma un nuevo capítulo en un contexto marcado por la incertidumbre económica y la desconfianza hacia las decisiones del Poder Ejecutivo.
