En una semana semana de alegatos en los tribunales de Comodoro Py, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que llevan adelante la acusación de la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 solicitaron este lunes la inhabilitación especial perpetua para la vicepresidenta Cristina Kirchner y el resto de los imputados.
Al inicio de esta novena audiencia, la ex presidenta solicitó a través de sus abogados ampliar su declaración indagatoria este martes 23 de agosto.
El fiscal federal Sergio Mola dijo este lunes que el fraude contra el estado en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez fue de 5.321.049.272,47 de pesos, que equivalen a 926 millones de dólares, por el total de 51 obras que recibieron las empresas de Lazaro Báez.
Cuando finalice la exposición de los fiscales, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dispondrá un cuarto intermedio de una o dos semanas (aún no está definido pero el máximo es de 10 días hábiles) para que los abogados de los imputados terminen de pulir sus alegatos.
En esta causa se le imputa a Cristina Fernández de Kirchner la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta de la Nación.
Por su parte, la CGT salió a bancar a Cristina al tildar de “absurda” la acusatoria jurídica contra la vicemandataria. “No hay una sola prueba material que relacione a Cristina Fernández de Kirchner con el direccionamiento amañado de la oba pública ni con ningún otro delito”, sostuvieron en un comunicado.
