El gobierno nacional decidió eliminar los subsidios al transporte en gran parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), avanzando así en una nueva etapa de retiro estatal de los servicios públicos. Esta medida busca equilibrar el tratamiento entre el transporte de la capital y el del interior del país. Renata Ghilotti, secretaria de transporte de Santa Fe, aplaudió la decisión de su homólogo nacional, Franco Mogetta, señalando que “si la Nación no subsidia la oferta en ninguna provincia, tampoco debería hacerlo en CABA”. Ghilotti también destacó que la postura del presidente Javier Milei es coherente con esta medida.
A partir de septiembre de este año, el gobierno dejará de subsidiar el transporte público de pasajeros en CABA. Mogetta confirmó esta información durante una reunión en la Cámara de Diputados de la Nación, afirmando: “El Estado no va a poner un peso más”. Desde septiembre, CABA deberá solventar el 100% de las compensaciones de sus 31 líneas de colectivos.
En consecuencia, la Nación únicamente subsidiará el transporte que conecta la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, aunque este beneficio también se eliminará en un futuro próximo. Las líneas de colectivos que operan exclusivamente dentro de la provincia de Buenos Aires estarán a cargo del gobierno de Axel Kicillof.
Tanto CABA como la provincia de Buenos Aires tendrán que asumir los costos del boleto integrado, que ofrece descuentos a los pasajeros que utilizan más de un medio de transporte dentro de un período de dos horas.
En el interior del país, la noticia se difundió rápidamente. La administración de Javier Milei ya había eliminado los subsidios al transporte en estas regiones, dejando a las autoridades provinciales y municipales la responsabilidad de financiar sus sistemas de transporte. Esta política de “subsidios cero” ha llevado a la creación de la Red Federal de Intendentes, que incluye ciudades como Rosario, Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos. Esta red busca cuestionar el centralismo porteño y promover en el Congreso una ley para redistribuir la alícuota a los combustibles, recaudados a nivel nacional pero concentrados en el fisco central.
