El Poder Ejecutivo nacional, encabezado por Javier Milei, vetó dos proyectos clave que habían sido aprobados recientemente por el Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica. Ambas iniciativas habían obtenido el respaldo de la oposición, pero para el Gobierno resultaban incompatibles con su política de austeridad fiscal y con el mandato de mantener un déficit cercano a cero.
La norma de Financiamiento Universitario buscaba actualizar automáticamente los presupuestos de funcionamiento de las casas de estudio, hospitales universitarios e investigación, siguiendo la inflación, además de reabrir las paritarias del sector académico. Por su parte, la Emergencia Pediátrica pretendía aumentar asignaciones presupuestarias, mejorar salarios y garantizar que los insumos esenciales para la atención infantil sean prioridad durante al menos un año.
Desde el oficialismo se argumentó que estas leyes carecían de fuentes de financiamiento claras y que podrían generar arbitrariedades, porque los mecanismos de aplicación no estaban suficientemente delimitados. También se señaló que sus disposiciones afectarían al equilibrio fiscal previsto.
La medida generó una fuerte reacción del ámbito académico y de sectores sociales que ven estos vetos como un recorte a derechos básicos y como un obstáculo para mejorar la educación superior y la salud infantil, especialmente en hospitales emblemáticos. Se espera que la oposición intente insistir en el tratamiento de estas leyes en el Congreso para revocar los vetos y forzar su sanción.
