El presidente Javier Milei decidió frenar una ley impulsada por los gobernadores que establecía que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) debieran repartirse automáticamente entre las provincias según los coeficientes de la coparticipación. La medida, que ya había sido aprobada por el Congreso, fue formalmente vetada por Milei mediante un decreto firmado este jueves, y ahora el proyecto vuelve al Senado para que allí se defina si el veto es rechazado.
La ley vetada se había convertido en una demanda recurrente de los mandatarios provinciales, quienes reclamaban mayor transparencia y regularidad en el reparto de esos fondos, que suelen emplearse en situaciones de emergencia o para equilibrar desequilibrios financieros en distintas jurisdicciones. Quienes la respaldaban sostenían que el Ejecutivo tenía demasiada discrecionalidad en su uso, lo que generaba incertidumbre en las provincias.
Desde el gobierno se argumenta que los ATN no son parte de la masa de recursos que se distribuye automáticamente por coparticipación, sino una herramienta excepcional de auxilio estatal, pensada para atender con rapidez crisis impredecibles. Según el decreto presidencial, convertir esa línea de fondos en un mecanismo obligatorio de reparto comprometería la capacidad del Estado de reaccionar ante emergencias.
El rechazo a la ley ocurre en paralelo con gestos de diálogo hacia los gobernadores: esta semana se inició una Mesa Política Federal, conformada por Milei, su nuevo ministro del Interior Lisandro Catalán, el jefe de Gabinete y el titular de Economía, con la idea de recomponer vínculos luego de la derrota electoral sufrida por La Libertad Avanza en Buenos Aires. Pero el veto debilita esa apuesta, al menos a ojos de muchos gobernadores que esperaban una concreción más firme de los compromisos.
Entre los primeros en reaccionar estuvo Juan Schiaretti, quien acusó al presidente de apropiarse de recursos que deberían volver automáticamente a las provincias. Otros mandatarios provinciales también expresaron su descontento, advirtiendo que continuar con esta política puede afectar inversiones locales, obras y la provisión de servicios.
El Senado ahora tiene en sus manos la posibilidad de rechazar el veto si logra reunir los dos tercios de los votos. En caso de lograrlo, la ley quedaría restablecida y los ATN se repartirían conforme a lo estipulado originalmente. De lo contrario, seguirá vigente la facultad discrecional del Ejecutivo sobre esos fondos, lo que mantiene abierto un debate sobre el verdadero federalismo y el rol del Estado nacional frente a las provincias.
