El Gobierno nacional dispuso una reestructuración amplia del sistema de inteligencia mediante un decreto de necesidad y urgencia que introduce cambios de fondo en la Ley de Inteligencia Nacional. La medida busca, según la mirada oficial, corregir años de superposiciones, organismos con funciones duplicadas y dificultades para integrar información clave dispersa en distintas áreas del Estado.
La norma mantiene sin modificaciones la actual conducción de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE): Cristian Auguadra continúa al frente del organismo y Diego Kravetz como número dos. En la Casa Rosada explican que la reforma fue impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo, aunque señalan que el objetivo no es “agrandar” el poder del organismo sino delimitarlo, ordenar su alcance y recortar tareas que consideran ajenas a su misión principal.
En paralelo, sectores de la oposición adelantaron que pedirán informes y que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia analizará el decreto, como ocurre con todos los DNU. El oficialismo, por su parte, apuesta a sostener su vigencia en el Congreso.
SIDE: más coordinación y funciones acotadas
Uno de los ejes del decreto es reafirmar el rol de la SIDE como órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional: pasa a concentrar la planificación estratégica, la coordinación interinstitucional y la producción de inteligencia nacional para elevarla al Presidente. El texto insiste en una definición que el Gobierno considera clave: la SIDE no debe actuar como fuerza policial ni dedicarse a investigar delitos específicos, sino producir inteligencia estratégica para anticipar amenazas y apoyar la toma de decisiones.
Separación entre ciberinteligencia y ciberseguridad
El decreto hace una distinción tajante: la SIDE conserva la ciberinteligencia, pero pierde la ciberseguridad. La protección de infraestructuras digitales y sistemas críticos del Estado pasa a un ámbito técnico de gestión dentro de la Jefatura de Gabinete. En ese marco, la estructura vinculada al tema se divide en dos:
- La agencia que estaba orientada a ciberseguridad se reconvierte para quedar enfocada en ciberinteligencia bajo la órbita de la SIDE.
- Se crea un Centro Nacional de Ciberseguridad como organismo descentralizado para la defensa de infraestructuras críticas digitales y servicios esenciales.
Aprehensiones: facultad acotada y con aviso inmediato a fuerzas de seguridad
Otro punto sensible es la regulación expresa de una posibilidad operativa: el personal de inteligencia puede aprehender personas en supuestos puntuales y excepcionales vinculados a la protección de instalaciones, bienes, personal, operaciones e información del sistema; también ante auxilio o requerimiento judicial y en situaciones de delito en flagrancia. En todos los casos, el decreto fija que debe darse aviso inmediato a las fuerzas policiales o de seguridad competentes. El Gobierno lo presenta como un intento de “dar claridad jurídica” y establecer límites precisos.
Contrainteligencia: nueva agencia y enfoque preventivo
La reforma redefine el concepto de contrainteligencia y transforma un organismo existente en la Agencia Nacional de Contrainteligencia, dedicada exclusivamente a detectar y analizar amenazas estratégicas con enfoque preventivo (espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia o acciones de influencia), especialmente de actores externos estatales o no estatales. La idea oficial es correr la actividad de los márgenes difusos y fijar un campo más nítido, desligado de disputas de política interna.
Inteligencia militar: menos estructuras, más concentración
En el subsistema militar, el decreto elimina una de las áreas que coexistían con competencias parcialmente superpuestas y concentra la producción de inteligencia estratégica militar en el Estado Mayor Conjunto. La intención declarada es simplificar, evitar duplicidades y fortalecer el asesoramiento al Ministerio de Defensa y al Poder Ejecutivo.
Dos “comunidades” para ordenar el flujo de información estatal
La norma crea dos ámbitos permanentes para institucionalizar el intercambio de información:
- Comunidad de Inteligencia Nacional: reúne a los organismos del sistema, inteligencia de Fuerzas Armadas, áreas de inteligencia de fuerzas federales y la Unidad de Información Financiera.
- Comunidad Informativa Nacional: incorpora organismos del sector público que generan datos relevantes para inteligencia estratégica (como Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y otros vinculados a áreas sensibles).
El decreto indica que el intercambio deberá hacerse con procedimientos formales, registro y trazabilidad, para que la circulación de información quede documentada y sea verificable.
Más control interno: creación de una inspectoría
Como complemento, se crea una Inspectoría General de Inteligencia con funciones de auditoría, inspección y control de legalidad, desempeño y uso de recursos. Además, se ajustan criterios de designación: los titulares de organismos desconcentrados pasan a ser nombrados por el secretario de Inteligencia, mientras que el Inspector General mantiene designación del Poder Ejecutivo por su rol de control.
En síntesis, el Gobierno presenta la reforma como una “normalización” del sistema: delimitar tareas, reducir superposiciones, separar inteligencia de funciones de seguridad, fortalecer coordinación y dejar por escrito procedimientos que, hasta ahora, quedaban en zonas grises.
