El presidente Javier Milei decidió en la madrugada de este jueves remover de su cargo a Diego Spagnuolo, quien hasta ahora se desempeñaba como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La medida se tomó en medio de la polémica generada por la difusión de audios que exponen presuntas maniobras de coimas en la compra de medicamentos y que colocaron al funcionario en el centro de la escena.
Desde la Vocería Presidencial explicaron que la decisión responde a una acción “preventiva”, motivada tanto por la repercusión pública del caso como por lo que calificaron como “utilización política de la oposición en un año electoral”. En ese sentido, el comunicado firmado por Manuel Adorni remarcó que la salida de Spagnuolo busca preservar al Gobierno de un conflicto que escaló rápidamente tras las revelaciones periodísticas.
Tras la destitución, se resolvió que la Agencia Nacional de Discapacidad quede bajo intervención del Ministerio de Salud hasta que se designe un nuevo responsable, con el fin de asegurar la continuidad de las prestaciones y programas que dependen del organismo.
La decisión de Casa Rosada se conoció pocas horas después de que diputados opositores, entre ellos Esteban Paulón y Leandro Santoro, presentaran pedidos de interpelación y mociones de privilegio contra Spagnuolo por el contenido de los audios difundidos en C5N.
No es la primera vez que el exfuncionario queda en el ojo de la tormenta. En junio, durante una reunión con Marlene Spesso y su hijo Ian Moche —el niño que impulsa campañas de concientización sobre autismo—, lanzó una frase que generó un fuerte repudio: “Su discapacidad no es un problema del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?”. Ese episodio estuvo enmarcado en las discusiones por los recortes que afectan a las personas con discapacidad y derivó en críticas directas al Gobierno. Incluso el propio Milei, en aquel momento, realizó un posteo cuestionando la Ley de Discapacidad e involucrando al joven activista.
Meses antes, en febrero, Spagnuolo también había quedado en el centro de la polémica por la publicación en el Boletín Oficial de una resolución que incluía términos como “idiotas” y “mogólicos” para referirse al colectivo de personas con discapacidad, lo que obligó al Ejecutivo a dar explicaciones y retirar el documento.
Con su salida, el Gobierno busca dar una señal de control político frente a un caso que combina acusaciones de corrupción con antecedentes de declaraciones y medidas muy cuestionadas, y que amenaza con convertirse en un nuevo frente de desgaste en plena campaña electoral.
