El presidente Javier Milei firmó el Decreto 697/2025, mediante el cual autoriza a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a operar en bases navales argentinas durante el ejercicio militar “Tridente”, lo que ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la entrega de soberanía.
Según el decreto, el permiso abarca actividad en bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, así como espacios terrestres y marítimos destinados a entrenamiento militar, entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 2025. El texto reconoce explícitamente que el Congreso nacional no otorgó autorización previa para tal decisión, pero argumenta que la “naturaleza excepcional de la situación” justifica obviar los procedimientos legislativos habituales.
La medida despertó rechazos inmediatos en distintos ámbitos. El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, denunció que el territorio de Tierra del Fuego no puede ser tratado como una “moneda de cambio” y que la base en esa zona es estratégica por su vinculación geográfica con las Islas Malvinas. A su vez, legisladores y referentes de distintas fuerzas políticas advirtieron que autorizar tropas extranjeras sin debate parlamentario altera el marco constitucional.
Organismos de derechos humanos y sectores del oficialismo también expresaron preocupación por el mensaje que envía la decisión: muchos interpretan que representa una subordinación política ante presiones externas, especialmente en medio de la crisis de reservas y la urgencia del Ejecutivo por apoyos internacionales.
Encuestas recientes muestran una fuerte desaprobación social frente a la medida: un amplio porcentaje de ciudadanos manifestaron estar en desacuerdo con la idea de permitir bases militares estadounidenses en territorio argentino a cambio de acuerdos económicos.
El decreto detalla además que el ejercicio militar demandará más de 60 millones de pesos en logística y recursos navales. Involucra a la Armada Argentina, con apoyo de Flota de Mar, submarinos, infantería de marina y otras estructuras de apoyo. El documento subraya que el objetivo es incrementar la cooperación, la capacidad de defensa y la interoperabilidad con EE. UU.
La decisión coloca al Gobierno en un debate de fuertes implicancias diplomáticas, institucionales y sociales. Aunque el Ejecutivo sostiene que la medida es parte de una estrategia de cooperación internacional estratégica, la falta de respaldo legislativo y el contraste con la tradición de no admitir acciones militares extranjeras sin acuerdo parlamentario reactivan una discusión sensible sobre soberanía y autonomía nacional.
