En la Convención de Reforma Constitucional, la iniciativa ciudadana se hizo notar con una participación sin precedentes. Al cierre de la jornada de presentación, se habían recibido más de 700 propuestas provenientes de distintas instituciones sociales y ciudadanos particulares. A pesar de que el plazo para presentarlas terminó ayer, no está claro si todas serán consideradas en la reforma, debido a las limitaciones de la Ley de Necesidad de Reforma Constitucional, que restringe los temas abordables. Esta situación es vista por algunos como una consecuencia de la falta de un proceso de consulta previo por parte del gobierno, lo que ha provocado una acumulación de proyectos que no siempre se ajustan al marco legal.
El listado de propuestas incluye una amplia variedad de temas. Un ejemplo son las iniciativas presentadas por la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario, que reúne a diversos colectivos del movimiento. Entre sus propuestas destaca la inclusión de la perspectiva de género e inclusión en la Constitución, así como la capacitación obligatoria en estos temas para todos los servidores públicos. Otra iniciativa sugiere la creación de espacios especializados en el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de Defensa Penal para abordar casos de violencia de género, maltrato infantil, y delitos basados en odio por raza, orientación sexual o identidad de género. Además, este colectivo propone el reconocimiento constitucional del derecho a la salud integral, garantizando un sistema de atención gratuita, inclusiva y de calidad, y el derecho a la salud mental, enfocándose especialmente en tratamientos para personas con problemas de adicciones y trastornos como la ludopatía.
Otros proyectos, además, apuntan a la paridad de género en la composición de los poderes del Estado y en la política en general, y a la inclusión de derechos medioambientales, el acceso al agua y la planificación territorial en la Constitución, como lo propuso el ingeniero Yair Tascón.
Entre las propuestas de ciudadanos particulares, se destacan aquellas relacionadas con la creación de una ley nacional de salud mental y la solicitud de medidas contra el adoctrinamiento en las escuelas. También hubo propuestas vinculadas a temas financieros y tributarios, como la que presentó el juez federal Aldo Alurralde.
El abanico de iniciativas es muy amplio, incluyendo propuestas que exceden los límites de la reforma establecida por la Ley 14.384, como las presentadas por grupos de productores agropecuarios. Una de estas iniciativas busca tipificar la intrusión rural como un delito penal y regular el avance de la urbanización sobre las zonas rurales.
Los sindicatos también presentaron diversas propuestas. Amsafé, por ejemplo, propone reconocer la educación como un derecho social y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Además, se solicitó la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones y la protección del sistema público de reparto solidario.
En el ámbito del agua, Obras Sanitarias presentó su propuesta para declarar la “potestad pública del agua”, estableciendo que su gestión debe ser exclusiva del Estado provincial, con prohibición de privatización. Por su parte, la Cátedra del Agua de la UNR aboga por dar rango constitucional al derecho al acceso al agua y la protección de los cursos de agua.
Las propuestas de reforma integral también han llegado de partidos como el Partido Socialista, PRO, PDP, GEN, Democracia Cristiana y UCR. En este último caso, una de las propuestas se enfoca en ampliar las facultades del Poder Ejecutivo provincial, lo cual generó preocupaciones entre expertos como Oscar Blando, quien advirtió sobre un retroceso en la limitación de los poderes del Ejecutivo, en lugar de su ampliación.
Finalmente, se destacan las propuestas de constitucionalistas como Ricardo Terrile, quien presentó varios proyectos para modificar artículos específicos de la Constitución y para incorporar mecanismos de participación ciudadana, como la iniciativa popular y la democracia semi-directa. Oscar Blando también presentó iniciativas para actualizar la Carta Magna, incluyendo propuestas para que los municipios puedan sancionar su propia constitución, así como la mejora del régimen electoral en la provincia.
Este torrente de propuestas refleja el amplio interés ciudadano en la reforma constitucional y pone de manifiesto la diversidad de voces y opiniones que se han sumado al debate. Sin embargo, queda por ver cómo serán manejadas en el proceso legislativo y qué impacto real tendrán en la versión final de la nueva Constitución.
