El Gobierno nacional oficializó este jueves los fondos destinados a la financiación de las campañas legislativas de octubre, en un año marcado por la tensión económica y el debate sobre el gasto público. Según la resolución firmada por la Vicejefatura de Gabinete del Interior, se distribuirán en total 13.223 millones de pesos, de los cuales 8.815 millones serán para las listas de diputados y 4.407 millones para las de senadores.
La medida se inscribe en lo que establece la ley de financiamiento de partidos políticos, que obliga al Estado a garantizar recursos mínimos para el desarrollo de las campañas. En esta oportunidad, el monto refleja el impacto de la inflación y la necesidad de aggiornar los aportes frente a un proceso electoral que demandará importantes gastos en publicidad, logística y fiscalización.
La Dirección Nacional Electoral será el organismo encargado de coordinar la entrega de los fondos y de velar por su correcta utilización. También tendrá la potestad de aplicar sanciones en caso de que se detecten incumplimientos. La medida busca equiparar las condiciones entre partidos grandes y fuerzas más chicas, aunque desde sectores opositores ya se escucharon voces críticas respecto de la magnitud del desembolso en un contexto de ajuste.
Las elecciones del 26 de octubre pondrán en juego 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado, por lo que las campañas adquieren un rol estratégico para todos los espacios. En el oficialismo se espera que los recursos refuercen la presencia territorial y la comunicación en un escenario complejo, mientras que la oposición buscará capitalizar el financiamiento para sostener su visibilidad frente a la maquinaria del Estado.
Los fondos estatales para campañas son complementados con los aportes privados permitidos por ley, aunque con límites y controles que en los últimos años fueron motivo de debate. En este marco, el anuncio del monto global fija las reglas de juego para un proceso electoral que se anticipa reñido, con fuerte competencia en distritos clave.
El aporte millonario no pasa inadvertido: en plena discusión por el déficit y la reducción del gasto público, el financiamiento electoral aparece como una muestra de que la democracia también requiere inversión. La campaña ya arrancó y, con los recursos sobre la mesa, los partidos comienzan a afinar sus estrategias para una elección que definirá el futuro del Congreso y el equilibrio de poder en la Argentina.
