La atención nacional se volcó a la situación de las universidades públicas, en un giro que destaca por razones distintas a su posición en los rankings globales. Esta vez, el enfoque se centra en el desfinanciamiento de estas instituciones educativas, lo que impulsó el anuncio de una movilización a nivel nacional programada para el 23 de abril.
Recientemente, estudiantes universitarios se presentaron ante la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el público no pudo seguir la sesión en directo, ya que la Presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem, decidió suspender la transmisión oficial.
El conflicto surge a raíz de la decisión del Gobierno de replicar el Presupuesto del año 2023, lo que, considerando una inflación del 211,4% en el año, inevitablemente implica un deterioro en las condiciones de las universidades públicas. Entre las diversas consecuencias de esta medida se encuentran la paralización de la creación de cinco instituciones previamente establecidas por ley, la falta de negociaciones salariales para los profesores, el anuncio de que la Universidad de Buenos Aires funcionará solo hasta el 31 de mayo, la suspensión completa de obras de infraestructura científica y universitaria en curso, así como la no renovación de los sistemas nacionales de becas.
En respuesta, estudiantes de al menos 26 universidades públicas se reunieron, ya sea de manera presencial o virtual, con diputados nacionales. Estos últimos han firmado un compromiso en el que instan al gobierno nacional a tomar las medidas necesarias para garantizar el pleno funcionamiento de las universidades en todo el país.
Además, cinco de los siete bloques mayoritarios del Congreso han expresado su apoyo a la Marcha Federal Universitaria programada para el 23 de abril. Las únicas excepciones son la bancada de La Libertad Avanza y el PRO. Cabe destacar que el documento está abierto a nuevas adhesiones.
