Tras el pedido de la defensa para el arresto domiciliario, la Cámara Penal de Rosario ratificó este miércoles la prisión efectiva del financista Luis Herrera y sus hijos Ignacio y Diego, acusados de asociación ilícita, estafas y lavado de activos. El fraude alcanzaría más de 5 millones de dólares y 85 víctimas.
Los involucrados están acusados de liderar una compleja estructura delictiva dedicada a captar ahorros de inversores mediante maniobras fraudulentas. La resolución de la jueza Gabriela Sansó ratifica lo dispuesto en diciembre por la jueza Paula Álvarez, quien había ordenado la medida cautelar por seis meses.
Los cargos que enfrentan son: asociación ilícita, administración fraudulenta, estafas y lavado de activos. Luis Herrera, de 66 años, está señalado como jefe y organizador de la banda, además de haber desobedecido una orden judicial y de ser partícipe en una quiebra fraudulenta.
Además, sus hijos Ignacio, de 42 años, y Diego, de 36, están acusados de ser miembros de la organización y partícipes primarios en la administración fraudulenta y las estafas.
Según la investigación, los acusados utilizaron la estructura y reputación de una sociedad anónima financiera para captar fondos de pequeños y medianos ahorristas, prometiendo invertirlos en el mercado de capitales a cambio de rentas fijas. Sin embargo, gran parte del dinero nunca fue aplicado a inversiones reales, sino que fue desviado hacia operaciones irregulares y apropiado por los directivos.
La maniobra habría comenzado en el año 2000, y se intensificó desde 2017, cuando los fondos empezaron a ser utilizados en un sistema de estafa piramidal. A partir de 2021, cuando comenzaron los reclamos masivos por parte de inversores que no podían retirar sus ahorros, los imputados siguieron captando dinero a pesar de conocer la imposibilidad de cumplir con lo prometido. Incluso después de la intervención de la Comisión Nacional de Valores (CNV), seguían ofreciendo negocios inexistentes.
La Fiscalía estimó que el perjuicio económico supera los USD 5.660.000 y €34.400, sin contar un faltante adicional constatado por la CNV en septiembre de 2021, de USD 793.000 y más de $77 millones de pesos en cuentas comitentes. La maniobra afectó al menos a 85 víctimas y aún se investiga la cantidad total de damnificados.
Los investigadores también detectaron maniobras de lavado de activos a través de adquisiciones y transferencias de bienes que buscaban dar apariencia de legalidad al dinero obtenido fraudulentamente.
