La Justicia Federal procesó a dos financistas de la ciudad, Claudio Iglesias y Jorge Oneto, por lavado de activos agravado. Además, los involucrados fueron embargados por mil millones de pesos sobre sus bienes y la prohibición de salir del país. El fallo fue dictado por el juez Carlos Vera Barros, quien retomó una causa iniciada en 2019 pero que había sido archivada por el entonces magistrado Marcelo Bailaque, actualmente imputado en otro expediente por presunta corrupción.
Iglesias y Oneto habrían montado una estructura financiera ilegal para lavar dinero proveniente de actividades no declaradas, valiéndose de empresas offshore, fideicomisos y movimientos bancarios sospechosos tanto en Argentina como en el exterior. Según la Justicia, entre 2012 y 2019 desarrollaron un entramado complejo que incluyó inversiones inmobiliarias y transferencias millonarias sin justificación legal.
La causa se reactivó a partir del testimonio de Carlos Vaudagna, ex jefe regional de la AFIP, quien declaró que el organismo recaudador participaba de un esquema de extorsiones a contribuyentes en el que también estaría implicado el juez Bailaque. El exfuncionario aseguró que se fabricaban causas para luego pedir sobornos a cambio de cerrarlas.
Pese a que la denuncia contaba con abundante documentación, Bailaque archivó la causa apenas tres meses después de recibirla. En la actualidad, el juez enfrenta una causa penal por coacción y sospechas de haber cobrado coimas para garantizar impunidad.
En 2023, el titular del Juzgado Federal N°3 de Rosario, Vera Barros, reabrió el expediente y delegó la investigación en la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Claudio Kishimoto. Las pruebas recolectadas en el último año permitieron avanzar en el procesamiento de los dos financistas, señalados desde hace años como figuras clave en el movimiento de grandes sumas de dinero en el circuito financiero informal de la ciudad.
El fallo sostiene que los acusados no podrían haber realizado las maniobras sin una red de complicidades dentro del Estado. Además de los vínculos con la AFIP y el Poder Judicial, se investiga si hubo participación de otros funcionarios públicos y empresarios.
