El segundo cuatrimestre en las universidades públicas argentinas podría no comenzar con normalidad. Así lo alertaron los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que manifestaron su preocupación ante la falta de respuestas por parte del gobierno nacional frente a la profunda crisis presupuestaria que atraviesa el sistema de educación superior.
Desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR), su rector y actual vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, fue categórico: “La situación se vuelve más compleja con el correr de las semanas y está empezando a comprometer el funcionamiento habitual de nuestras casas de estudio”.
El diagnóstico fue respaldado por un duro comunicado difundido este miércoles por el CIN, en el que se advierte que “el dictado del segundo cuatrimestre corre serio riesgo” debido a la ausencia de soluciones concretas por parte del Ejecutivo nacional. El texto, que lleva como título “Universidades: sin soluciones del gobierno, peligra el segundo cuatrimestre”, remarca que más de 2,5 millones de estudiantes podrían verse afectados si no se garantiza la continuidad del financiamiento.
La advertencia se da en paralelo al debate legislativo sobre el proyecto de ley de financiamiento universitario, que busca asegurar recursos para salarios y gastos operativos de las instituciones. En ese marco, Bartolacci sostuvo que todas las universidades nacionales atraviesan la misma situación y que el deterioro presupuestario empieza a hacerse insostenible. “Hacemos todo el esfuerzo posible porque entendemos lo que significa para los estudiantes y sus familias, pero cada vez cuesta más sostener el funcionamiento cotidiano”, afirmó.
Entre los principales impactos, se enumeran la paralización de obras de infraestructura, la falta de insumos, y una creciente pérdida de personal docente. Según los rectores, el deterioro salarial provocó la renuncia de aproximadamente 10.000 docentes altamente calificados en el último año y medio. A esto se suma una caída del 35% en el poder adquisitivo de los sueldos docentes y una reducción real del 90% en los fondos destinados a gastos operativos respecto al año anterior.
Desde el Ministerio de Capital Humano, en tanto, relativizaron esos números y señalaron que se incrementaron los cargos docentes en distintas categorías. No obstante, las autoridades universitarias consideran grave que el propio gobierno reconozca la pérdida salarial y no adopte medidas para revertirla.
Para Bartolacci, el debate excede lo presupuestario. “Lo que está en discusión es el rol que el país quiere asignar a la universidad pública y a la producción de conocimiento. Hay naciones que, incluso en momentos de crisis, aumentan su inversión en educación porque comprenden que se trata de una palanca clave para el desarrollo”, remarcó.
El pedido al Congreso es claro: que avance con la aprobación de una ley que permita garantizar la continuidad de las actividades académicas, de investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional.
