La comisión de Justicia de la Convención Constituyente santafesina envió a la Comisión Redactora su dictamen de mayoría, elaborado por el bloque oficialista, que será la base del capítulo dedicado al Poder Judicial en la futura Constitución. La definición generó fuertes controversias dentro y fuera del recinto, con críticas por un presunto avance del poder político sobre la Justicia.
Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), el abogado Julián Alfie consideró que se perdió la posibilidad de dar un salto de calidad: “Había propuestas interesantes, incluso impulsadas por sectores del propio oficialismo, que no fueron tomadas. El mecanismo de selección de jueces, fiscales y defensores reproduce un modelo que ya mostró limitaciones en otras provincias y países”, señaló.
En la misma línea se expresó la convencional Lucila Lehmann (Coalición Cívica), integrante de la comisión. “El verdadero objetivo es concentrar poder en manos del gobernador Pullaro y subordinar por completo al Poder Judicial. Si este proyecto prospera, el sistema republicano en Santa Fe quedará en jaque”, advirtió.
Los principales cambios
El dictamen aprobado incluye ocho modificaciones centrales sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Establece que la Corte Suprema provincial estará integrada por siete miembros, con paridad de género y representación territorial, quienes permanecerán en sus cargos hasta los 75 años. También reconoce al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Ministerio Público de la Defensa (MPD) como organismos extrapoder, con autonomía plena respecto de la Corte.
Otro de los ejes es la reformulación del sistema de selección y enjuiciamiento de magistrados, fiscales y defensores. El Consejo de la Magistratura pasará a ser un órgano asesor del Poder Ejecutivo, que será el encargado de proponer designaciones con acuerdo de la Asamblea Legislativa. En ese consejo participarán un representante del Poder Judicial, uno del MPA o del MPD, un diputado, un senador, un delegado de los colegios de abogacía y un académico de universidades públicas. Además, se crea un tribunal de enjuiciamiento para magistrados y funcionarios del ministerio público.
Posturas enfrentadas
Desde el socialismo, la convencional Lionella Cattalini defendió el proyecto. Sostuvo que se trata de un avance al otorgar independencia plena al MPA y al MPD: “Hoy dependen del Poder Judicial, y con esta reforma se garantiza que no respondan ni a jueces ni al Ejecutivo. Es un paso pendiente que ahora se incorpora con mandatos de cinco años, desfasados del período de gobierno”.
Cattalini también resaltó que la selección de postulantes será pública y abierta, con jurados técnicos que evaluarán antecedentes y méritos. “Es un dictamen equilibrado y superior a lo que establece la Constitución actual, e incluso a lo que contemplan otras provincias”, remarcó.
En contraposición, Alfie insistió en que la integración del consejo asesor tiene “una fuerte impronta política” que puede condicionar la independencia de los procesos de selección. Aunque valoró que quedaron afuera propuestas que implicaban un control aún mayor del Ejecutivo, lamentó que no se incorporaran alternativas innovadoras, como concursos anuales para conformar listas de candidatos que pudieran cubrir vacantes de inmediato.
“Se evitó lo peor, como someter la política criminal del MPA al gobierno, pero también se desaprovechó la chance de modernizar de verdad el sistema. Seguimos con un esquema muy parecido al de otras provincias, donde la independencia judicial sigue siendo una deuda pendiente”, concluyó el penalista.
