La Legislatura santafesina convirtió en ley la nueva normativa que regirá a los 365 gobiernos locales de la provincia, una de las piezas centrales del esquema institucional abierto tras la reforma constitucional. El proyecto terminó de ser sancionado luego de que el Senado aceptara las modificaciones introducidas por Diputados, donde el oficialismo logró aprobarlo con votos divididos y en medio de un fuerte cuestionamiento de la oposición.
La norma fija el marco general para los municipios que no dicten carta orgánica y también funcionará de manera supletoria para aquellos que sí la tengan, pero no hayan regulado determinados aspectos. Además, consolida un nuevo esquema para los gobiernos locales: desaparece la distinción entre municipios y comunas, todos pasarán a ser municipalidades, con intendentes en todos los casos, comisiones municipales en las localidades de hasta 10 mil habitantes y concejos en las de mayor población.
En Diputados, el debate mostró una fractura nítida. El dictamen fue aprobado por 30 legisladores, entre ellos los 27 oficialistas y tres aliados, mientras que 17 votos negativos reunieron al interbloque justicialista, sectores celestes y la izquierda. Desde la oposición, las críticas no solo apuntaron al contenido de la ley, sino también al modo en que se construyó el texto, al considerar que no hubo apertura real para incorporar cambios surgidos de otros bloques.
Desde el oficialismo, Joaquín Blanco y José Corral defendieron la iniciativa como una herramienta clave para adecuar la organización municipal al nuevo texto constitucional. Ambos reivindicaron la tradición municipalista de Santa Fe y destacaron que se trata de la primera gran ley surgida tras la reforma. También subrayaron que el texto final amplía de manera significativa la agenda de competencias y funcionamiento de los gobiernos locales.
Del otro lado, las objeciones fueron múltiples. Fabián Palo Oliver cuestionó que la norma haya dejado afuera derechos laborales y advirtió que esa omisión contradice el espíritu mismo de la autonomía consagrada en la Constitución. Marcos Corach fue todavía más duro: definió la ley como “una cáscara vacía”, habló de una “autonomía de papel” y sostuvo que el nuevo esquema deja a los intendentes atados al Poder Ejecutivo provincial.
Lucila De Ponti planteó que la ley representa una oportunidad desaprovechada y la describió como una norma vaga, declamativa y sin profundidad transformadora. Silvia Malfesi, en tanto, puso el foco en aspectos concretos del articulado y cuestionó, entre otros puntos, que no se haya establecido la obligatoriedad de que toda tasa tenga una contraprestación efectiva.
También Alicia Azanza reprochó al oficialismo hablar de consenso y de calidad democrática sin haber escuchado, según señaló, a los sectores que llevaron observaciones al debate. Natalia Armas Belavi se sumó a esa línea y definió el texto como centralista, al considerar que no fortalecerá de manera real a los gobiernos locales.
Celia Arena, por su parte, sostuvo que la ley aprobada no fue la mejor ni la más inteligente, sino la posible dentro de un frente de gobierno atravesado por tensiones internas. A su entender, se trata de una norma breve, sin garantías concretas de financiamiento y sin capacidad de producir cambios de fondo. Verónica Baró Graf también remarcó falencias en áreas sensibles como el FAE y salud, dos rubros que, a su juicio, requerían una definición más sólida dentro del nuevo esquema institucional.
Pese a la resistencia opositora en la Cámara baja, el proyecto volvió de inmediato al Senado, donde los cambios fueron avalados por unanimidad. Así, la provincia quedó con una nueva ley de Municipalidades que busca alinearse con la Constitución reformada, aunque su aprobación dejó abierto un debate de fondo: si se trata de un verdadero avance hacia la autonomía local o de una reforma limitada, con más enunciados que herramientas concretas.
