El Gobierno nacional prepara una ofensiva política para que las provincias adhieran al llamado “Régimen de Transparencia Fiscal”, un sistema cuyo objetivo es que los consumidores puedan identificar con claridad qué impuestos incluyen los bienes y servicios que adquieren. Según los impulsores del proyecto, hasta ahora sólo dos jurisdicciones provinciales lo han adoptado —Mendoza y Chubut— y el resto del país se encuentra en distintas etapas de trámite o sin gestión alguna.
Desde la Casa Rosada confirmaron que esta iniciativa será parte del nuevo bloque de negociaciones con los gobernadores de cara a la segunda mitad del mandato del presidente. Aunque el diálogo oficial será la vía principal, se ha diseñado también un plan alternativo para aquellas provincias que no muestren entusiasmo inicial, apuntando a incentivos técnicos y financieros para facilitar su incorporación.
El régimen exige que las facturas y tickets de compra detallen los distintos tributos que componen el precio final, incluido el IVA, impuestos internos y —eventualmente— gravámenes provinciales como Ingresos Brutos y tasas municipales. La organización civil que elaboró el mapa de adhesión puntualiza que varias jurisdicciones aún no han iniciado los trámites o los tienen en fase preliminar, y advierte que la norma pierde eficacia si las provincias no adhieren.
El oficialismo sostiene que una adhesión generalizada mejorará la competitividad, aumentará la rendición de cuentas y facilitará la fiscalización de impuestos al vincular directamente lo que paga el ciudadano con lo que recauda el Estado provincial. Al mismo tiempo, algunos gobernadores miran con reserva la medida, ya que implicará modificaciones institucionales, más exigencias de transparencia y eventuales sanciones a empresas que no cumplan con la nueva normativa.
Analistas fiscales señalan que la meta del Gobierno es combinar la transparencia tributaria con reformas más amplias de gasto y coparticipación. En este marco, esperan que la iniciativa sea un paso hacia una estructura más homogénea entre la Nación y las provincias en materia fiscal. Sin embargo, el cronograma de implementación dependerá del ritmo legislativo, de la voluntad de cada jurisdicción y de los recursos que se asignen para equipar y capacitar a los organismos provinciales.
En conclusión, el impulso por la transparencia fiscal entra ahora en su segunda fase: dejar de ser una propuesta aislada para convertirse en una política de carácter federal. El Gobierno apuesta a que todas las provincias adhieran y así logren una mayor visibilidad de lo que pagan los ciudadanos y un control más eficiente del sistema tributario nacional.
