El jueves, la Cámara de Diputados de Santa Fe dio su aprobación al proyecto que declara la Emergencia en Aguas Santafesinas (ASSA), convirtiéndose en ley al adherir al texto previamente sancionado por el Senado. El proyecto recibió 28 votos a favor, 18 en contra y una abstención en la Cámara baja. Con esta decisión, la emergencia fue oficialmente comunicada al Poder Ejecutivo.
El diputado Dionisio Scarpin expresó: “ASSA está en emergencia y los ciudadanos lo padecen debido a múltiples fallos en la prestación de servicios y la infraestructura necesaria”. Scarpin destacó la existencia de “corralitos que nunca se retiran, poblaciones enteras sin acceso a agua potable, y la falta de obras de infraestructura”, señalando que “en ciudades importantes, la mitad de la población carece de agua potable, lo cual evidencia un gran fracaso en la garantía de acceso”.
Por su parte, el diputado Marcos Corach afirmó: “Con este voto le estamos la facultad al Poder Ejecutivo de retener hasta un 5% de la coparticipación para poder asegurarse el cobro: ¿de verdad votamos esto?. Al mismo tiempo, mencionó al diputado Scarpin y apuntó: “Scarpin fue intendente, ¿de verdad apoyaría una medida de estas características siendo intendente?, con los cooperativistas tampoco se queda atrás esta Ley de Emergencia”.
Por otro lado, la diputada Lucila De Ponti, del bloque justicialista, votó en contra del proyecto junto a los bloques Somos Vida y Frente Amplio por la Soberanía. De Ponti señaló que este es el “sexto ámbito del Gobierno en el que votamos una emergencia”. Criticó la gobernanza mediante leyes de excepción y argumentó que, en lugar de declarar una emergencia, se debería iniciar un debate para establecer un marco normativo permanente para el sistema de servicios sanitarios en Santa Fe, que ha funcionado con un régimen transitorio durante 18 años.
De Ponti subrayó que “en dos años, cuando expire la emergencia prorrogada, también se vencerá el contrato de Aguas Santafesinas con la Provincia y la existencia jurídica de la empresa”. Argumentó que desde hace 18 años, se necesita discutir un régimen permanente. “Sería una gran oportunidad, pero no mediante una ley de emergencia que consideramos innecesaria en la mayoría de sus aspectos”, concluyó.
