La Justicia federal dispuso este martes la ejecución patrimonial de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y el resto de los condenados en la causa Vialidad. El objetivo es cubrir un monto de casi 685 mil millones de pesos, fijado como perjuicio económico en la maniobra investigada.
El Tribunal Oral Federal Nº 2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- avanzará sobre los bienes embargados de manera solidaria entre los nueve condenados. Entre los activos ejecutables se encuentran 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner, incluyendo un inmueble a nombre de la expresidenta y otros heredados por Máximo y Florencia.
La resolución aclara que el decomiso se aplicará para impedir beneficios derivados del delito y para reparar el daño social causado, en línea con compromisos internacionales contra la corrupción. Respecto de los bienes en manos de terceros no condenados, el tribunal remarcó que solo podrán ser alcanzados si fueron recibidos a título gratuito o si se beneficiaron directamente del ilícito.
