Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py dentro de los próximos cinco días hábiles para que se concrete su detención, tal como lo dispuso este martes el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2). La medida se extiende también a otros ocho implicados en la causa conocida como Vialidad, luego de que la Corte Suprema confirmara la sentencia por administración fraudulenta.
La resolución judicial también abarca a Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich. Todos fueron condenados en 2022 por irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El tribunal exigió que el Ministerio de Seguridad de la Nación, en un plazo de 24 horas, determine un establecimiento de las fuerzas federales que garantice condiciones adecuadas para alojar a los condenados, atendiendo a las particularidades de cada caso. Una vez realizadas las detenciones, se ordenará el cómputo de las penas y el ingreso formal de los implicados a las instituciones designadas.
En el caso de Fernández de Kirchner, la sentencia contempla una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además del decomiso de 85.000 millones de pesos. La exmandataria fue considerada responsable de liderar una estructura delictiva destinada a beneficiar con contratos de obra pública a empresas vinculadas a Báez durante su gestión. El fallo fue ratificado por la Cámara de Casación en 2024 y quedó firme tras el rechazo de los recursos por parte del máximo tribunal.
Pedido de prisión inmediata de los fiscales
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que la ejecución de las penas sea inmediata. Argumentaron que el cumplimiento sin demoras de las condenas no solo reafirma el carácter preventivo del castigo, sino que también representa un mensaje contundente de lucha contra la corrupción.
Ambos funcionarios judiciales reiteraron que los seis años impuestos a Fernández de Kirchner no reflejan la magnitud del daño causado al Estado. Durante el proceso, habían solicitado una pena de doce años de prisión tanto para ella como para Báez, a quienes identificaron como los principales responsables del esquema de corrupción.
En su presentación, describieron la existencia de una organización delictiva enquistada en el aparato estatal que ideó y ejecutó un plan sostenido para desviar recursos públicos hacia fines privados. Señalaron que las adjudicaciones irregulares a empresas de Báez, socio comercial de la familia Kirchner, fueron el vehículo para concretar ese desfalco.
Los fiscales subrayaron además que los efectos de estos hechos impactaron especialmente en los sectores más empobrecidos del país, al privar de recursos esenciales a una población donde más del 50% vive en situación de pobreza. Advirtieron que una demora en la aplicación de la justicia podría socavar la confianza en las instituciones y en la vigencia de las normas que rigen la función pública.
