La Justicia declaró inconstitucional un artículo clave de la reforma laboral y abrió un frente judicial para el Gobierno

La reforma laboral recibió su primer revés judicial luego de que un juez laboral declarara la inconstitucionalidad del artículo 55, uno de los puntos más discutidos del paquete aprobado por el oficialismo. La resolución cuestionó el mecanismo fijado para actualizar deudas en juicios laborales y advirtió que esa nueva fórmula podía reducir de manera significativa el monto final que cobran los trabajadores.

El fallo fue firmado por Ricardo Gileta y se centra en el sistema de cálculo previsto para causas en trámite. Según la norma impugnada, esas deudas debían actualizarse utilizando tasas del Banco Central, con un tope equivalente a inflación más 3% anual y con un piso del 67% de ese resultado. Para el magistrado, ese esquema alteraba de manera sustancial los criterios que venían aplicándose en varios tribunales y podía achicar entre 20% y 60% lo que finalmente percibiría un trabajador.

En su resolución, el juez sostuvo que el capital debía recalcularse bajo el criterio del artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la ley 27.082. Ese mecanismo toma la evolución del IPC y suma un 3% mensual desde la mora hasta el pago efectivo. A su entender, la reforma introdujo un tratamiento desigual entre juicios nuevos y causas iniciadas antes de la sanción de la ley, lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley.

Con ese argumento, Gileta dejó sin efecto la validez constitucional del artículo 55 para el caso analizado y dispuso que la actualización del crédito laboral se haga conforme al régimen previo. La decisión no invalida por sí sola toda la reforma, pero sí abre la puerta a nuevos planteos judiciales contra uno de los aspectos más sensibles de la nueva normativa.

El pronunciamiento aparece además en un contexto de fuerte disputa en torno al alcance de los cambios laborales promovidos por el Gobierno. El capítulo judicial ya había tenido otros episodios, como el rechazo de una cautelar impulsada por la CGT, pero este fallo representa la primera declaración concreta de inconstitucionalidad sobre un punto específico de la reforma.