La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar puntos clave de la Ley de Financiamiento Universitario, una resolución que fue celebrada por la comunidad académica de Rosario y que reabre la presión para que se concrete la recomposición de salarios y programas estudiantiles.
El máximo tribunal rechazó un recurso presentado por el Estado nacional y sostuvo la decisión previa de la Justicia Contencioso Administrativo Federal. La cautelar alcanza a los artículos vinculados con la actualización salarial de docentes y no docentes universitarios y con la recomposición de programas destinados a estudiantes.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Si bien el fallo llega después del acuerdo entre el Ministerio de Capital Humano y las universidades públicas, representa un aval judicial a la vigencia de la norma sancionada por el Congreso.
En Rosario, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, destacó la decisión y sostuvo que el fallo confirma la importancia de haber sostenido un reclamo “firme, responsable y serio” en defensa de la universidad pública.
También se pronunciaron los gremios Coad y Apur, que representan a docentes y no docentes de la UNR, y referentes estudiantiles de la Federación Universitaria Argentina. Desde esos espacios reclamaron que la cautelar se ejecute de manera inmediata y advirtieron que el conflicto no estará cerrado mientras persista el deterioro salarial y continúen congeladas partidas sensibles como becas y programas de acompañamiento.
La causa se originó en una acción colectiva impulsada por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y universidades públicas, tras el veto presidencial y la posterior insistencia del Congreso.
