Bartolacci, consideró que las recientes señales del Gobierno Nacional para abordar la crisis presupuestaria y salarial que atraviesan las Universidades Públicas constituyen un reconocimiento de la legitimidad de los reclamos que la comunidad universitaria viene sosteniendo desde hace meses.
Según explicó en diálogo con Versión Rosario, las iniciativas conocidas en las últimas horas representan una respuesta a la situación “dramática y angustiante” que las universidades vienen denunciando y son consecuencia de la movilización y las acciones impulsadas por el sistema universitario en todo el país.
“Esa actitud reconoce la legitimidad del reclamo universitario, algo que muchas veces se ha negado”, sostuvo Bartolacci, al tiempo que destacó otro aspecto que considera central: la confirmación de que existen recursos disponibles para atender las demandas del sector.
“Los recursos están y no hace falta ninguna ley para encontrarlos”
Para el rector de la UNR, el hecho de que el Gobierno evalúe medidas para mejorar la situación universitaria demuestra que existen fondos para hacerlo y que no resulta necesario discutir de dónde provendrán los recursos.
En ese sentido, señaló que la disponibilidad de fondos pone en evidencia que es posible comenzar a aplicar los parámetros establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario, una herramienta impulsada por la comunidad universitaria y respaldada por el Congreso para dar respuesta a la crisis que atraviesan las casas de estudio.
Bartolacci consideró positiva la posibilidad de convocar a paritarias, ámbito que definió como el espacio natural para resolver la cuestión salarial, y también valoró la apertura de instancias de diálogo con toda la comunidad universitaria.
El Consejo Interuniversitario no retirará la presentación judicial
Respecto de las condiciones planteadas por el Gobierno para avanzar en las conversaciones, Bartolacci fue contundente al señalar que el sistema universitario no abandonará el camino judicial.
Explicó que el Ejecutivo nacional habría solicitado que las universidades desistieran de las acciones judiciales iniciadas en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, algo que, según indicó, el Consejo Interuniversitario Nacional no está dispuesto a aceptar.
“Creemos en la ley y defendemos el Estado de Derecho”, afirmó, y agregó que el cumplimiento de la normativa es una garantía para que cualquier acuerdo alcanzado se concrete efectivamente.
Por ese motivo, sostuvo que ahora la decisión queda en manos del Gobierno nacional, que deberá definir si avanza o no con la propuesta realizada luego de recibir la respuesta formal del sistema universitario.
