Tras varios meses de inactividad, la Comisión Investigadora sobre la presunta estafa con la criptomoneda $Libra volverá a sesionar este jueves en el Congreso. El reinicio de las tareas llega luego de la aprobación de un nuevo reglamento que destrabó el funcionamiento interno y abre la puerta a la designación de autoridades, un paso clave para avanzar en las pesquisas.
El oficialismo había logrado bloquear la elección de la presidencia al equilibrar el número de representantes propios y aliados con los de la oposición. Esa maniobra mantenía paralizado al cuerpo, que solo había tenido tres reuniones desde su creación en abril: una sesión constitutiva y dos en junio, forzadas por emplazamientos de la Cámara Baja. En aquellas instancias apenas se alcanzó a escuchar testimonios de especialistas y damnificados, mientras la causa también avanza en la Justicia argentina y estadounidense.
Con las nuevas reglas aprobadas la semana pasada, la conducción de la comisión se definirá por votación simple. En caso de empate, se impondrá el candidato respaldado por los bloques que sumen mayor cantidad de diputados en el recinto. Este mecanismo eleva las chances de que Unión por la Patria se quede con la presidencia, cargo para el cual suena con fuerza la diputada Sabrina Selva.
Una vez constituidas las autoridades, el reglamento establece que todas las decisiones se tomarán por mayoría simple. En caso de igualdad de votos, la presidencia tendrá la potestad de desempatar, incluso en lo que respecta a la redacción y elevación del informe final.
Para evitar nuevas dilaciones, se fijó un plazo máximo de trabajo: la comisión podrá investigar hasta el 10 de noviembre de 2025. Cumplido ese plazo, o una vez agotado el objeto de la pesquisa, tendrá diez días corridos para remitir un informe conclusivo a la Cámara de Diputados con el detalle de los hechos y las responsabilidades detectadas.
El ámbito de investigación abarca “los hechos vinculados a la promoción y difusión de la criptomoneda $Libra, que ocasionaron pérdidas millonarias a inversores locales y extranjeros”. Además, el mandato incluye analizar el grado de participación y las posibles responsabilidades políticas del presidente Javier Milei, su hermana Karina, el vocero Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo y otros integrantes del gabinete nacional que hayan tenido algún nivel de injerencia en el caso.
El relanzamiento de la comisión agrega un nuevo frente de tensión para el Gobierno, que ya enfrenta cuestionamientos por los recientes audios que involucran a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad en supuestos pedidos de coimas.
