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Investigan la muerte de un joven que estaba internado y custodiado por el Estado

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, anunció la semana pasada, durante una conferencia de prensa, que el Gobierno adquirió 160 mil dosis de la vacuna, que serán destinadas inicialmente a jóvenes de entre 15 y 19 años.

La Justicia está investigando la muerte de un joven que se encontraba bajo custodia estatal en la clínica Avenida. El cuerpo fue inhumado el domingo tras una denuncia presentada por su hermana, con el respaldo de uno de los profesionales que lo atendía. La Defensa Pública intervino a raíz de esta denuncia, buscando determinar si la muerte ocurrió mientras el joven estaba bajo custodia, y solicitó diversas medidas de prueba para esclarecer lo sucedido. Como parte de estas acciones, el lunes se trasladará el cuerpo al Hospital Baigorria para realizar estudios que puedan establecer la causa de su fallecimiento. El Instituto Médico Legal señaló que no pudieron identificar el cuerpo porque, según les informaron, la clínica ya había realizado ese proceso. En respuesta a las denuncias, la Fiscalía activó el protocolo de Minnesota y permitió la participación de peritos de distintas partes.

A través de las redes sociales, los profesionales que trataron al joven, identificado como Juan Zárate, crearon una cuenta para exigir justicia en su nombre.

“Juan era una persona llena de amor y ternura, que sobrevivió a numerosos hechos traumáticos a lo largo de su vida. Él y sus hermanos fueron puestos bajo tutela del Estado debido a las difíciles circunstancias que atravesaban”, relataron. También mencionaron que, al cumplir la mayoría de edad, Juan fue trasladado a diversas instituciones. En junio de 2024, en una de estas instituciones, sufrió un abuso sexual y fue derivado a un hospital público. Posteriormente, fue internado en una clínica psiquiátrica, donde falleció el 30 de agosto.

El 1 de septiembre, el cuerpo fue entregado a su familia en un ataúd cerrado, sin que les permitieran identificarlo. Además, se les informó que no se había realizado una autopsia, supuestamente a pedido de la clínica, la cual había recibido múltiples advertencias sobre la medicación que le administraban.

La fiscal a cargo del caso autorizó la exhumación y la realización de una autopsia tras la solicitud de la familia y los profesionales que atendieron a Juan, y activó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

“Somos un grupo de trabajadores que acompañó a Juan en su proceso terapéutico durante varios años. Sabemos de primera mano sus deseos de vivir y de salir adelante, así como los obstáculos que enfrentó hasta su fallecimiento. Buscamos justicia y el apoyo de la sociedad, ya que Juan fue víctima de una constante vulneración de sus derechos, derechos que nos corresponden a todos y que debemos hacer respetar. No podemos ser indiferentes. Acompañemos a su familia y luchemos por justicia para Juan y para todos los usuarios de salud mental”, expresaron los profesionales.

La vida de Juan estuvo marcada por una serie de eventos trágicos. Junto a sus hermanos, fue víctima de abusos y maltratos, y logró testificar contra su agresor, quien fue finalmente encarcelado. Uno de sus hermanos fue dado en adopción, mientras que Juan y los demás fueron institucionalizados. Además, el joven sufría de hipotiroidismo, una condición que se agravó por la falta de tratamiento adecuado, según uno de los acompañantes que lo atendió. También mencionaron que Juan desarrolló mecanismos defensivos psicóticos como resultado de su traumática historia de vida, y que ahora buscan justicia por él.

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