El Ministerio de Seguridad de la Nación intimó este jueves a sindicatos y centrales obreras que marcharon a Tribunales el 27 de diciembre a pagar más de $40 millones por el costo del operativo.
“Intimo a usted , en su carácter de apoderado del sindicato de Camioneros, al pago solidario de pesos $40.419.227,56 en el plazo perentorio de diez hábiles de recepcionada la presente , en concepto de de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden pública. Ello bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes” notifica una carta documento firmada por el secretario de Coordinación del ministerio, Martín Siracusa, destinada al sindicato que conduce Pablo Moyano.
El mismo documento fue recibido por distintos gremios. La nota menciona que las organizaciones que participaron de la “interrupción total o parcial del tránsito vehicular” en esa jornada fueron: la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval, la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Asociación Civil Polo Obrero, Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Movimiento Socialista de Trabajadores, Agrupación Izquierda Socialista.
También se menciona a Unión Metalúrgica, al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, al Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos Argentino, a la Unión Obrera de la Construcción, al Sindicato de Camioneros, a la Central de Trabajadores Argentinos, Conadu Histórica y CTA Autónoma.
El 27 de diciembre pasado, sindicatos de la CGT y las dos CTA, junto a organizaciones sociales y gremiales, realizaron una masiva marcha al Palacio de Tribunales, en rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía y en apoyo a las presentaciones judiciales que buscan que se declare la inconstitucionalidad del proyecto del presidente Javier Milei que, según indicaron las organizaciones gremiales, incluye una “feroz reforma laboral regresiva” con medidas “arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales”.
