Intendentes de distintos puntos del país se movilizaron este martes hacia el Ministerio de Economía para reclamar al Gobierno nacional por la caída de los recursos, la paralización de obras públicas y la falta de financiamiento para sostener la gestión en los municipios.
La protesta fue impulsada por la Federación Argentina de Municipios (FAM) y reunió a jefes comunales de diferentes signos políticos, que coincidieron en un diagnóstico común: las finanzas locales atraviesan un deterioro sostenido que ya impacta en el funcionamiento cotidiano de las ciudades.
Durante la jornada, los intendentes entregaron un documento con una serie de reclamos concretos. Entre los principales puntos figuran la recomposición de la coparticipación, la liberación de fondos retenidos, la reactivación de obras públicas paralizadas y la revisión del esquema impositivo vinculado al combustible.
Además, advirtieron sobre el efecto directo que estas medidas tienen en las economías regionales. Según señalaron, la caída de transferencias y el freno de la obra pública afectan tanto la actividad productiva como el empleo en cada distrito.
El reclamo también puso el foco en la distribución de responsabilidades entre Nación y municipios. “Menos recursos y más obligaciones” fue una de las consignas que sintetizó el malestar de los intendentes, que aseguran que deben sostener servicios básicos sin el respaldo financiero necesario.
En la previa de la movilización, algunos jefes comunales incluso deslizaron la posibilidad de avanzar por vías judiciales si no hay respuestas concretas por parte del Gobierno nacional, lo que anticipa una escalada en el conflicto institucional.
La protesta se da en un contexto de fuerte ajuste del gasto público a nivel nacional, que incluyó la paralización de obras de infraestructura en todo el país y una reconfiguración del esquema de financiamiento estatal. En ese escenario, los municipios quedaron expuestos a una mayor presión sobre sus cuentas, sin herramientas suficientes para compensar la caída de ingresos.
El reclamo de los intendentes abre así un nuevo frente de tensión entre los gobiernos locales y la administración central, en un contexto donde la discusión por los recursos y la obra pública vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política.
