La situación de quienes alquilan viviendas en Rosario se torna cada vez más crítica. Con aumentos sostenidos en los valores locativos y una pérdida constante del poder adquisitivo, desde la Asociación de Inquilinos de Rosario advierten que muchas personas ya no pueden afrontar los costos de iniciar o renovar un contrato. Por eso, reclaman a los gobiernos provincial y municipal que intervengan con medidas concretas para aliviar la carga tributaria y promover soluciones habitacionales de fondo.
“Mes a mes, semana a semana, la situación empeora”, aseguró en diálogo con VersiónRosario, Emmanuel Canelli, presidente de la Asociación. Según explicó, cada vez son más las consultas que reciben de personas que buscan extender sus contratos actuales porque no pueden afrontar los gastos iniciales de una nueva locación. “Intentan prorrogar para ganar tiempo, pero esas prórrogas vienen también con aumentos. Y aun así, lo prefieren antes que desembolsar lo que implica una mudanza”, indicó.
El costo de alquilar una vivienda no se reduce solo al monto mensual. Canelli remarcó que hay que sumar expensas, impuestos, servicios y otros gastos asociados. “Venimos de subas importantes en tarifas como luz y agua, y los aumentos siguen. También se mantiene la presión tributaria sobre los inquilinos, tanto a nivel provincial como municipal”, detalló.
En ese sentido, el dirigente pidió acciones concretas por parte del Estado. “La provincia podría quitar todos los tributos asociados a la firma de un contrato de alquiler. Hoy esos gastos recaen sobre los inquilinos, cuando deberían ser eliminados o al menos financiados”, sostuvo. También pidió que se revise el rol del API y el impacto de la TGI, que continúa afectando a quienes alquilan.
“Se podrían aplicar políticas fiscales que realmente ayuden al sector, desgravando impuestos como se ha hecho con otros grupos”, señaló. Además, Canelli propuso avanzar en una política habitacional activa que contemple la construcción de viviendas para alquiler, o la entrega de casas únicas para quienes no puedan acceder por otros medios.
Finalmente, planteó que, si bien existen diferencias entre los gobiernos nacional, provincial y municipal, comparten una misma lógica que, en muchos casos, termina beneficiando a los sectores más poderosos. “Es hora de que las decisiones también favorezcan a quienes menos tienen y más necesitan”, concluyó.
Desde la Asociación de Inquilinos insisten en que el problema ya no es coyuntural, sino estructural, y que sin intervención estatal seguirá profundizándose.
