El reciente decreto del gobierno nacional que elimina el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) generó una fuerte reacción por parte del sector industrial, especialmente en la provincia de Santa Fe, donde la metalmecánica tiene un peso clave en la economía regional. La medida habilita el ingreso al país de maquinaria y equipamiento usado sin necesidad de cumplir con los requisitos previos establecidos desde hace décadas.
Desde la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), expresaron su “profunda preocupación” ante la entrada en vigencia del Decreto 273/2025, al considerar que pone en riesgo el desarrollo de la industria nacional. Según el comunicado difundido por la entidad, la norma podría abrir la puerta a una competencia desleal, al permitir la entrada de equipos que en muchos casos fueron descartados en sus países de origen.
FISFE advirtió que, con esta modificación, ya no se exigirá trazabilidad, condiciones de seguridad, ni compatibilidad técnica mínima. “Esto no solo puede afectar la calidad de los procesos productivos, sino también poner en riesgo la salud de los trabajadores y de los consumidores”, sostuvieron.
El sector industrial santafesino, que reúne a más de 2.000 empresas del rubro metalmecánico y genera más de 50.000 empleos directos, se manifestó especialmente afectado. Las fábricas producen maquinaria agrícola, equipos industriales, sistemas electrónicos y componentes de alta complejidad para sectores clave como el energético, la agroindustria, la construcción y el transporte.
“La industria de la provincia ha hecho grandes inversiones en tecnología, innovación y capacitación. Medidas como esta van en contra de ese esfuerzo sostenido y de una visión estratégica de país”, remarcaron desde la entidad. Además, criticaron la falta de consulta previa a los actores del sector y la ausencia de mecanismos técnicos alternativos que garanticen estándares mínimos de control.
En el texto oficial, el gobierno justificó la decisión como parte de una política de apertura económica y estímulo a la reactivación productiva. Sin embargo, se supo que la medida también responde a compromisos asumidos en negociaciones con los Estados Unidos.
La eliminación del CIBU, vigente desde 1994, pone fin a un sistema de regulación que exigía la intervención de la Secretaría de Comercio y establecía controles sobre el ingreso de maquinaria usada. Para FISFE, este cambio contradice los principios de un desarrollo federal sustentado en la producción nacional y el empleo genuino, y pidieron una revisión urgente.
